Defensoras de la tierra y el medio ambiente de Colombia pidieron este miércoles en Madrid apoyo internacional para acabar con la violencia y la impunidad a las que se ven sometidas tres años después de la firma de los acuerdos de paz.
Sólo en el primer trimestre de 2019, los ataques contra ellas aumentaron un 97 % respecto al mismo periodo del año anterior, y 55 han sido asesinadas desde 2016, según denuncia el informe presentado hoy por la ONG Oxfam Intermón.
“Pedimos verificación, acompañamiento, garantías, que el Gobierno nos vea como sujetos de derecho, derecho a tener vida, a movernos con libertad. No queremos ser una cifra más”, señaló en un encuentro con los medios Luz Amparo Vásquez Rojas, defensora de los derechos territoriales y ambientales en la región de Cundinamarca.
“Nos están matando en un contexto de conflicto. Seguimos viviendo en el marco del conflicto. El Gobierno (colombiano) tiene que frenar los asesinatos y la comunidad internacional tiene un papel muy importante en eso”, apunta Jaqueline Romer Epiayu, de la Organización Fuerza de Mujeres Wayú, en la región de la Guajira.
El encuentro con los medios de ambas líderes colombianas forman parte de una gira que, dentro de la campaña “Todas Somos Victoria” de Oxfam Intermón, les llevará también a distintos países de Europa, además de Estados Unidos y de la ONU para denunciar su situación.
Como parte de esa campaña, las defensoras de los derechos territoriales y ambientales colombianas, amparadas por la ONG, reclaman una protección efectiva al Gobierno del presidente Iván Duque, y llaman a la Unión Europea a tomar medidas para salvaguardar la vida de las mujeres defensoras ante las amenazas y ataques que sufren a diario.
“El miedo es una emoción y está siempre con nosotras, pero al día siguiente tenemos que comer”, dice Vásquez Rojas, quien reclama la atención también sobre las mujeres excombatientes “o las que se dedicaron al tráfico de drogas, porque ellas también están implicadas”.
Según el informe de Oxfam Intermón “Mujeres Defensoras de los derechos agrarios, ambientales y territoriales en Colombia“, la violencia está ligada a la expansión de grupos y corporaciones legales e ilegales, que explotan los recursos naturales en territorios que antes estaban bajo la influencia o el control de la guerrilla y en los que no hay presencia efectiva del Estado.
El informe denuncia que durante las negociaciones de paz hubo una disminución de las agresiones, pero que las amenazas y los asesinatos se han desatado a partir de 2016, y más del 90 % de los casos quedan en la impunidad.
Las defensoras sufren todo tipo violencia, desde persecución, vigilancia, insultos o el allanamiento hasta las agresiones sexuales, la tortura y el asesinato.
Tanto el relator especial de la ONU sobre defensores y defensoras de los derechos humanos como la fiscalía general colombiana reconocen sistematicidad en los asesinatos y amenazas contra este colectivo, dice Oxfam Intermón.
SIN AVANCES CONTRA LA DESIGUALDAD
El informe de la ONG destaca que la desigualdad es profunda en un país en el que el 1 % de los propietarios posee el 80 % del territorio. Las mujeres tienen las extensiones de tierra más pequeñas (el 78 % tiene menos de cinco hectáreas), menos acceso que los hombres a créditos, maquinaria o asistencia técnica, y escasas oportunidades en el mercado laboral.
“Son el último eslabón de la cadena, las que sufren las mayores desigualdades en todos los aspectos. Además, muchas veces son estigmatizadas, identificadas con la guerrilla o con bandas criminales, lo que aumenta aún más su riesgo”, apunta Aída Pesquera, directora de Oxfam en Colombia.
Según los datos de esta ONG, Colombia es el país más desigual en cuanto a distribución de tierra en América Latina, que es a su vez, la región más desigual del mundo en este aspecto.
LA RECLAMACIÓN A ESPAÑA
Desde que se firmó el acuerdo de paz hasta mediados de 2018, España ha vendido material armamentístico a Colombia por valor de 50,8 millones de euros, según el informe de la ONG, que denuncia que ese armamento podría estar vulnerando los derechos de las defensoras y defensores.
“En contraste, la agenda política de España ha dado un giro positivo en los últimos años con esfuerzos concretos en iniciativas y foros internacionales para cambiar la dramática realidad que viven las y los activistas”, apunta el informe.
EXTRACTIVISMO LEGAL E ILEGAL
El informe de Oxfam denuncia que el extractivismo legal e ilegal (tala, minería, explotación de recursos hídricos) y los monocultivos agroindustriales, aprovechan el vacío de la presencia del Estado, estimulados por beneficios fiscales y de otra índole, y pasando por encima de las comunidades locales y sus derechos.
De hecho, 7,1 de los 8,5 millones de hectáreas usadas para la agricultura están ocupadas por grandes cultivos de café, palma de aceite y caña de azúcar destinados a la exportación. La extensión de los cultivos ilícitos bate récords históricos en estos momentos en Colombia y la minería ilegal supone el 56 % de todo el sector, señala el estudio.