El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia ha generado una intensa polémica al anunciar una investigación y formular cargos contra el presidente Gustavo Petro y su equipo de campaña por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña electoral de 2022. La decisión, adoptada por siete votos a favor y dos abstenciones, se basa en la supuesta omisión de reportes de aportes y gastos en ambas vueltas electorales, incluidos pagos a testigos y gastos en propaganda. Aunque el mandatario podría enfrentar multas económicas, no puede ser destituido, sin embargo expertos señalan que el CNE sí estaría buscando su destitución.
En su decisión, el CNE argumentó que tanto en la primera como en la segunda vuelta se habrían violado los límites de gasto establecidos, con la inclusión de aportes de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), la Unión Sindical Obrera (USO), y otros, que no habrían sido reportados. La suma no declarada superaría los 1.600 millones de pesos, lo que ha alimentado las sospechas de una financiación irregular.
Por su parte, el jefe de Estado ha calificado la decisión como el inicio de un “golpe de Estado”, lo que ha provocado una reacción en cadena tanto en redes sociales como en la política nacional, de voces que advierten el interés político que hay tras la decisión del CNE
La decisión del CNE, sin embargo, no es definitiva en cuanto a consecuencias para el presidente. Cualquier proceso formal de juicio político depende de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. El presidente Petro, en su defensa, ha señalado que el CNE está suplantando esa función investigativa y que su independencia está en entredicho, dado que es un organismo de origen político.
Este caso pone de manifiesto una serie de irregularidades tanto en la estructura del CNE. Heidy Sánchez, concejala de Bogotá por el partido UP, ha expuesto tres argumentos claves que ponen de manifiesto las graves irregularidades que rodean la decisión del CNE
1. No termina de quedar clara la distinción entre “investigar la campaña” e investigar al presidente, que es un aforado constitucional. No basta con señalar que, en su momento, se le remitirá el expediente a la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes porque esta comisión también tiene una función de investigación que se está suplantando.
2. Se siguen incluyendo gastos como los de los testigos electorales que se hacen después de la campaña. Según ese razonamiento, cualquier acto posterior del Pacto Histórico debería haber quedado en las cuentas de campaña, cuando esta se acabó el día antes de las elecciones.
3. Se incluye la financiación a partidos políticos, si es así también deberían juzgar todos los aportes que los banqueros y el gran empresariado le hace a los partidos tradicionales porque, en últimas, también terminan financiando la campaña. Les parece mala la plata de @fecode pero no la de Luis Carlos Sarmiento. Toda esta irregularidad no es gratuita, es el punto inicial de una evidente táctica de lawfare, adicionalmente, no podemos olvidar que el CNE es un órgano político que lo elige el Congreso de la República, luego, su independencia es bastante cuestionable.