Este martes un agente estatal será juzgado por primera vez en relación al secuestro, tortura y violación de la periodista colombiana Jineth Bedoya el 25 de mayo de 2000. Se trata de Marco Javier Morantes, un guardia de seguridad del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), acusado por la Fiscalía de haber participado en el secuestro de Bedoya en la cárcel La Modelo.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representantes de Jineth Bedoya, consideran este juicio como un paso hacia la justicia, el más importante hasta ahora, luego de 23 años en los que solo han sido condenado tres paramilitares y en los que no se ha logrado esclarecer los autores intelectuales de los crímenes.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha señalado que hay indicios graves, precisos y concordantes de la colaboración de agentes estatales en el secuestro de Jineth Bedoya. El guardia Morantes, quien comenzará a dar su testimonio en el juicio, es considerado una pieza fundamental para establecer la participación estatal en los hechos ocurridos en 2000.
Antes del inicio del juicio, la periodista, también editora del diario El Tiempo, expresó su confianza en que, después de 23 años, finalmente se está llevando a un funcionario público a juicio, aunque reconoce que es el eslabón más débil de la cadena de impunidad y espera llegar a descubrir quién dio la orden.
Recordemos que el caso de Bedoya ha recibido atención tanto a nivel nacional como internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha dictaminado que el Estado colombiano es responsable en el caso de Bedoya y ha instado a realizar investigaciones exhaustivas para identificar y sancionar a todos los responsables, incluidos los agentes estatales involucrados. Sin embargo, la Fiscalía ha avanzado lentamente en la judicialización de los responsables.
Por ahora, el juicio contra Morantes, un funcionario de bajo nivel, es considerado indispensable para investigar a todos los agentes estatales, incluyendo a altos mandos, que podrían haber participado en los hechos. Por su parte, la FLIP ha cuestionado la falta de interés de la justicia en avanzar en este proceso y espera que se realice una investigación exhaustiva y se logre el enjuiciamiento y sanción de todos los implicados en la cadena criminal, incluidos los funcionarios públicos.
Así las cosas, el testimonio que entregará Morantes es clave, pues podría proporcionar información crucial sobre quién dio la orden del crimen.