Por: Leydi V. Carvajal
La actual crisis sanitaria por Covid-19 ha llevado a la continuación de los programas académicos a través de la virtualidad, modalidad imprevista tras la cual la precariedad del sistema educativo se ha expresado en el incremento de la deuda histórica, debido a que las Instituciones de Educación Superior han debido asumir parte del costo y en algunos casos la totalidad de las matrículas financieras. También se ha identificado deserción estudiantil debido a la priorización de las actividades económicas en los hogares colombianos de estratos socioeconómicos bajos.
Haciendo un retroceso al 2018, los universitarios veían crecer las expectativas, cuando con pedagogía se llegaba a la comunidad con una propuesta de cambio progresista de cara a la transformación de Colombia, pero encontraron barreras como el temor al cambio y la polarización del llamado “centro político”, esto último como si entre la vida y la muerte hubiese centro, entre la dignidad y la miseria o entre la buena administración y la corrupción. Tales adversarios frenaron la posibilidad de cambio.
Ahora es inminente el desmonte del estado social de derecho en paralelo con el desastre político, económico, social, ambiental, de corrupción, de guerra, de masacres, de salubridad que se cierne sobre el país, con repercusiones en la sostenibilidad pues no hay una política universitaria que permita asumir en su totalidad el costo de la matrícula financiera de las Instituciones de Educación Superior.
Colombia se ahoga en la corrupción en la que la han sumergido los partidos políticos tradicionales, en Colombia nunca ha habido un gobierno alternativo y de cara a las necesidades del pueblo. Este punto es crucial para comprender que la lucha por el presupuesto de las Instituciones de Educación Superior ha sido un proceso de largo alcance mediante sucesivos paros y movilizaciones en defensa del presupuesto y Bienestar Universitario, abriendo el camino a otro nivel de lucha que podría concretarse con una reforma real a los artículos 86 y 87 de la ley 30 desde la cual el estado asuma la totalidad de la financiación de las IES, no dilatándola ni dejándola a merced de la voluntad deleznable de quienes están a la cabeza de los departamentos y municipios .
En esta pandemia Duque y el MEN no han mostrado aportes concretos evidenciados en su plan de desarrollo, en la priorización y la efectiva inversión del presupuesto de la Nación de lo que todas y todos los colombianos pagan con sus impuestos. Ahora se está discutiendo el proyecto de ley 254 de 2020, que presenta varias inconsistencias sobre cómo será la inyección del presupuesto nacional a las IES, teniendo en cuenta que no es prioridad en el plan de desarrollo nacional.
Actualmente, las IES siguen haciendo frente común portando la bandera de la matrícula Cero, desde la financiación estatal de las matrículas financieras, la cual representaría ese puente necesario para alcanzar la gratuidad de la Educación Superior. En el caso de Univalle las diferentes colectividades se han unificado para continuar ampliando la brecha de matrícula Cero, de manera que incluya al estrato 3 en la prioritaria financiación del 100% de la matrícula, como se empezó a aplicar para los estratos 1 y 2, y se realicen descuentos del 50% para los demás estratos socioeconómicos.
La #MatrículaCero debe ser ley de la República para que así se ratifique el cumplimiento de los Derechos Humanos de tercera generación y la Educación como un Derecho Fundamental, NO como un privilegio de las élites.
#MatrículaCeroYa
#Univalle
#CEUV