En una decisión clave, la Sala Plena de la Corte Constitucional se pronunció sobre la Ley de Paz Total (2272 de 2022), que permite al gobierno del presidente Gustavo Petro negociar con bandas criminales, disidencias y guerrillas. Si bien respaldó en su mayoría la iniciativa, la Corte impuso restricciones significativas al mandato presidencial.
El alto tribunal destacó la validez de la intención de paz del Gobierno, pero especificó que no se permitirá que el presidente Petro nombre como voceros de paz a individuos privados de libertad. Además, se subrayó la necesidad de consultar con otras ramas del poder antes de negociar sometimientos a la justicia o suspender órdenes de captura.
La decisión enfatiza la importancia de la separación de poderes como salvaguarda contra decisiones arbitrarias, destacando la distribución clara de funciones entre las ramas del poder público y el control recíproco entre ellas para prevenir abusos o extralimitaciones.
Este dictamen surge en respuesta a demandas presentadas por congresistas del Centro Democrático, José Jaime Uscátegui y María Fernanda Cabal, que cuestionaban la falta de concepto del Consejo de Política Criminal y la posibilidad de levantar órdenes de captura para designar gestores de paz.
En un informe adicional, la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) reveló que durante los primeros diez meses de 2023 se ha observado un desescalamiento del conflicto armado en Colombia. Según el informe, se registró una reducción del 47% en los ataques armados a la Fuerza Pública y del 32% en los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y grupos armados.
A pesar de estos avances, se destacó un aumento en los ataques a la Fuerza Pública entre julio y octubre, atribuido a la Operación Trueno, que recuperó el control del municipio de Argelia, Cauca. El informe también indicó que, durante el cese al fuego entre el ELN y el Gobierno, solo se registró un ataque armado de esa guerrilla contra la Fuerza Pública.