La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió un incidente de medidas correccionales contra el gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), Álvaro Guillermo Rendón por incumplir la orden judicial de ampliación de información, delimitación y protección de zonas en las que yacen cuerpos de personas víctimas del conflicto armado.
De acuerdo al auto 125 de 2020 proferido por la jurisdicción especial, a la EPM se le venció el plazo para que entregara la documentación o justificara el incumplimiento.
La Sección de Reconocimiento de la JEP es la que ha venido adelantando una indagación sobre si la EPM hizo todo lo necesario para determinar si había o no fosas comunes en el área donde se desarrolló el megaproyecto, producto del conflicto que libraron allí las Autodefensas Unidas de Colombia, las Farc y otros actores armados.
Adicionalmente, se busca obtener los soportes en los que se basó EPM para hacer el traslado administrativo de los cuerpos, al parecer sin el cumplimiento de los protocolos técnicos ni éticos, a los cementerios Barbacoas, La Fortuna y Orobajo que posteriormente fueron inundados.
Entre los lugares protegidos se encuentra la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico Hidroituango, en donde, según los peticionarios de las medidas cautelares, se advierte la existencia de “sitios de enterramiento, legales e ilegales”.
👇Sigue hilo 🧵👇— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) August 20, 2020
Por su parte, la JEP indica que, en caso de no obtener las debidas justificaciones al incumplimiento de la orden judicial, un juez podría imponer desde una multa hasta ordenar una detención al gerente de la empresa en cuestión.