La Procuraduría General de la Nación ha solicitado a la Corte Constitucional declarar la inexequibilidad de la Ley 2381 de 2024, que establece el “Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común”, más conocida como la reforma pensional impulsada por el presidente Gustavo Petro. La petición surge en el marco de la demanda presentada por la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien argumenta que se cometieron irregularidades en su aprobación.
El principal argumento de la Procuraduría es que la reforma presenta un “vicio insubsanable” en su trámite legislativo. Según el ente de control, la Plenaria de la Cámara de Representantes eludió la deliberación durante el cuarto debate del proyecto, al aceptar sin discusión el texto aprobado previamente por el Senado. Este acto, según la entidad, vulneró principios constitucionales como el de constitucionalidad y el principio democrático.
El proceso se aceleró debido a la solicitud de “suficiente ilustración”, que limitó las intervenciones de los congresistas a solo dos minutos, impidiendo una discusión adecuada sobre temas sensibles como los impuestos a las pensiones altas, la sostenibilidad fiscal y la transición del sistema. Además, la Procuraduría critica la metodología de votación por bloques, que no permitió un análisis detallado de cada artículo de la reforma.
La funcionari a su vez cuestionó la constitucionalidad de ciertos artículos, en especial el 84.5, que impone cargas tributarias a las pensiones altas, argumentando que infringe el principio de progresividad. Aunque reconoce que algunos artículos, como el 93, que favorecen a grupos étnicos, son conformes a la Constitución, la entidad sostiene que el vicio en el trámite invalida la totalidad de la ley.
Entre tanto, la demanda de inconstitucionalidad presentada por la senadora Paloma Valencia ya está siendo estudiada por la Corte Constitucional, bajo la revisión del magistrado Jorge Enrique Ibáñez. Esta es una de varias demandas que enfrenta la reforma, cuya aprobación ha generado controversia desde su sanción en junio de 2024.
En su solicitud, la procuradora Margarita Cabello reiteró que el procedimiento seguido en la Cámara de Representantes no cumplió con las condiciones mínimas para un debate riguroso y democrático, lo que afecta directamente los derechos fundamentales de la población, especialmente en un tema tan complejo como el sistema pensional.
Ahora, será la Corte Constitucional la que decida el destino de la reforma, en un fallo que podría tener importantes implicaciones para el gobierno de Gustavo Petro y el sistema pensional del país.