Por: Victoria Sandino Simanca Herrera
Esta semana junto con Joaquín Gómez, Benedicto González e Israel Zúñiga, exguerrilleros que seguimos comprometidos con la paz de Colombia, con el acompañamiento del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la organización defensora de Derechos Humanos Lazos de Dignidad, nos dimos cita en la Jurisdicción Especial de Paz para radicar el informe “Crímenes de guerra y violaciones a los Derechos Humanos cometidos por las Fuerzas Militares y organismos de seguridad del Estado en el periodo de 1964- 2016”.
El Sistema Integral de Verdad , Justicia, Reparación y no Repetición, gestado por el Acuerdo de La Habana, dispuso que la JEP conociera de todos los delitos cometidos en el marco del conflicto armado y de las graves infracciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH) o los graves crímenes de guerra. Ese es el caso de los hechos que denunciamos.
Lo que se busca con el informe es que el Estado reconozca las violaciones al DIH hacia combatientes de las FARC, teniendo en cuenta que los instrumentos de DIH le son aplicables al conflicto colombiano, en particular, los referentes a los Conflictos Armados No Internacionales y que el cumplimiento a esta normatividad debe ser mucho mayor respecto de las Fuerzas Armadas del Estado porque fue el Estado mismo el que se comprometió expresamente en el cumplimiento de estas normas. Los hechos denunciados ante la JEP no son crímenes contra guerrilleros o guerrilleras: son crímenes contra la humanidad.
Dentro de las múltiples tipologías de delitos de lesa humanidad presentamos algunos casos emblemáticos. Hablamos de ejecuciones extrajudiciales, uso desproporcionado de la fuerza, recurso a métodos ilíticos de guerra, tortura y tratos crueles a prisioneros, violencia sexual, hostilidades a familiares y a la población civil.
Los casos expuestos en la jornada fueron la ejecución de guerrilleros en el Cerro de Berlín en el año 2000; ejecución de Rito Antonio Pico en 1997, conocido como Quimbaya, de la Red Urbana José Antequera de Barranquilla; la agresión militar a territorio ecuatoriano el primero de marzo de 2008; el bombardeo a Martín Caballero; el bombardeo a Jorge Briceño; la ejecución de Alfonso Cano; y la tortura y malos tratos a prisioneros de las FARC-EP. Pedimos que la JEP como autoridad judicial competente haga las investigaciones de cada caso y determine los máximos responsables para que exista reparación y no repetición.
Teniendo en cuenta lo anterior, las personas que radicamos este informe solicitamos reparación integral que comprende un acto público de reconocimiento de responsabilidad y de perdón; la elaboración de una película sobre el particular que narre la historia del movimiento guerrillero y de la confrontación con las Fuerzas Militares, y con el énfasis especial en los crímenes de guerra cometidos contra las FARC-EP.
Así mismo, solicitamos garantías de no repetición tales como la abolición de la Justicia Penal Militar; que consideramos no es realmente un mecanismo de administración y aplicación de justicia; sino que es simplemente un instrumento de impunidad creado para beneficio de los criminales de Estado; depuración de las Fuerzas Militares de todos los miembros a quienes se hayan visto involucrados en realización de crímenes de guerra y de lesa humanidad; o que hayan sido investigados por la Procuraduría General de la Nación; la reforma estructural de política penitenciaria, del sistema carcelario y la respectiva depuración del INPEC; y que el Estado colombiano se retire del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y de la OTAN por considerar que no estamos en guerra ni promovemos la guerra contra ningún Estado.
Nuestro compromiso rubricado en La Habana es con la paz y la verdad, y este informe busca aportar a ello. Omitir lo perpetrado desde el Estado colombiano en contra de quienes acudimos a la rebelión, sería incumplir lo acordado. No nos interesa ganar aplausos de la galería, sino contribuir al esclarecimiento histórico y a la reparación de las miles de víctimas que dejó esta guerra contrainsurgente.