viernes, junio 21

Imputan cargos por contratación ilegal a la exministra del Deporte María Isabel Urrutia

Por presuntas irregularidades en 106 contratos de prestación de servicios que la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, firmó durante su mandato hasta marzo de 2023, la Fiscalía solicitará ante el  Tribunal Superior de Bogotá la audiencia de imputación de cargos en su contra, argumentando que existe la posibilidad de que sea responsable de diversas conductas delictivas en la tramitación y celebración de dichos contratos.

Recordemos que el 7 de marzo, el presidente Gustavo Petro tomó la determinación de destituir a la entonces ministra, a quien días atrás le había solicitado su renuncia, luego de encontrar que el 28 de febrero, Urrutia firmó una serie de contratos en un tiempo récord, que en total sumarían alrededor de $21.000 millones de pesos. 

La situación llevó a que la Fiscalía delegara a un grupo de fiscales de la unidad anticorrupción para investigar si los señalamientos del presidente sobre la suscripción de múltiples contratos implicaban acciones indebidas.

Durante la investigación, la Fiscalía descubrió que los contratistas supuestamente habían finalizado sus compromisos laborales por motivos personales. Sin embargo, por orden de la exministra Urrutia, habían sido contratados nuevamente en un lapso de cuatro días, esta vez por un periodo mayor que se extendía hasta el 31 de diciembre de 2023.

De acuerdo con  Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia, el Ministerio de Deporte encabezado por Urrutia  había desperdiciado dos meses de presupuesto al duplicar los objetos contractuales para los mismos contratistas. Esto podría interpretarse como un posible interés ilícito en la celebración de contratos, y podría generar responsabilidad penal tanto para quien ordenó el gasto como para todos los involucrados en la celebración de los contratos, según lo establecido por las normas vigentes.

Por su parte, la exministra afirma que, durante el período del 1 al 5 de marzo, no hubo comunicación oficial por parte de la Presidencia de la República relacionada con su renuncia presentada. Por lo tanto, según ella, podía seguir ejerciendo sus funciones como ministra del Deporte, tanto en aspectos administrativos como financieros, incluyendo la autorización de gastos. Argumenta que la administración pública, en este caso, el Ministerio, no podía paralizarse.

Entre tanto, si bien la Fiscalía le imputará cargos por contratación ilegal, el ente investigador no solicitará una medida de aseguramiento en esta etapa del proceso.

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