La ONG Human Rights Watch (HRW) le pidió a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), mantener su lupa sobre el país y seguir con su examen preliminar sobre la eventual investigación formal a Colombia por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Así se lo hizo saber la ONG internacional a la CPI por medio de una carta en la que explica que sería contraproducente cerrar el caso de Colombia ya que se le negaría el acceso a justicia a las víctimas colombianas de “graves crímenes internacionales” y que han sido investigados desde 2004.
“Instamos a la oficina a mantener el examen preliminar mientras intensifica sus esfuerzos para involucrar a las autoridades, asociaciones de víctimas y sus representantes, otras organizaciones de la sociedad civil, los socios internacionales de Colombia y otras partes interesadas en apoyo de la realización de un verdadero proceso nacional”, dice la carta enviada a finales de septiembre.
La Corte Penal Internacional debe mantener su escrutinio sobre Colombia.
Mi carta al nuevo fiscal de la CPI, Karim Khan: https://t.co/Xr41nSdhvM
— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) October 14, 2021
En el documento, además, la ONG resalta los importante avances de la JEP en cuanto a decisiones que son de vital importancia para el derecho internacional. Pero reconoce que aún falta avanzar con las condenas.
A su vez, en contraste, HRW habla en el documentos de los “pocos avances significativos” de la justicia colombiana “en relación con los delitos sexuales y de género y los procedimientos relacionados con la promoción y la expansión de los grupos paramilitares”.
En ese sentido, cree la Organización que “el proceso de justicia transicional en sí mismo sigue siendo frágil” y menciona que hay intentos “desprestigiar o intimidar” a la JEP.
Por eso, HWR le solicita a la CPI que no cierre el examen preliminar que lleva abierto ya 15 años, y que, en cambio, agilice el proceso para evitar que en Colombia haya impunidad.
“Cerrar el examen preliminar sería prematuro, y además dejaría a la CPI fuera de los esfuerzos para garantizar que se lleven a cabo procedimientos nacionales efectivos y auténticos en los casos relevantes para la evaluación de la admisibilidad de la CPI”.