lunes, febrero 10

¡Histórico!: Gobierno y Comuneros del Sur acuerdan cese al fuego bilateral y entrega de armas

En un avance significativo hacia la paz territorial en Nariño, el Gobierno Nacional y el grupo Comuneros del Sur anunciaron un cese al fuego bilateral de 180 días, que comenzará en enero de 2025. Este acuerdo es parte del quinto ciclo de negociaciones entre ambas partes. iniciada en julio de 2024 tras la separación de este grupo del ELN.

Componentes del Acuerdo

El pacto incluye tres puntos clave:

  • Cese al fuego bilateral : Con una duración inicial de seis meses, se aplicará en diez municipios priorizados, como Samaniego, Santacruz de Guachaves, Ricaurte y Cumbal.
  • Concentración de combatientes : Los integrantes de Comuneros del Sur se ubicarán en Zonas de Ubicación Temporal en Samaniego y Santacruz de Guachaves, donde entregarán y destruirán sus armas bajo la supervisión del Gobierno y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP- OEA).
  • Transformación territorial : Se implementarán planes de sustitución de cultivos ilícitos y se creará un distrito minero especial en la subregión de Abades para diversificar la economía local.

Según Carlos Erazo, jefe negociador del Gobierno, este acuerdo busca transformar a los Comuneros del Sur en un movimiento político y social, marcando un paso hacia la reconciliación y la paz total. Además, se establecen compromisos para garantizar la participación de la sociedad civil y avanzar en la búsqueda de personas desaparecidas.

El proceso no ha estado exento de críticas. Algunos habitantes han denunciado presuntos vínculos entre Comuneros del Sur y las Autodefensas Unidas de Nariño (AUN), acusación que fueron negadas por Roger Garzón, representante del grupo armado.

Por otro lado, la Fiscalía suspendió temporalmente órdenes de captura y extradición para 11 integrantes del grupo, medida que excluye delitos graves contra los derechos humanos.

El acuerdo refleja un esfuerzo conjunto para desescalar la violencia en Nariño y establecer bases sólidas para la transición de los combatientes a la vida civil. La implementación será monitoreada por organismos internacionales y dependerá del cumplimiento de los protocolos establecidos.

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