En una rueda de prensa, el senador Gustavo Petro habló sobre los hechos que rodearon la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que reconoció que el Estado colombiano habría violado los derechos políticos que le causaron la destitución como Alcalde Mayor de Bogotá.
Petro aclaró que “los hechos de corrupción fueron la apropiación privada de un servicio público ‘el Aseo’ en contra de otros privados humildes y miles como lo son los recicladores, sobre lo cual la Corte Constitucional habría hecho una sentencia declarando la inconstitucionalidad de la contratación con estos particulares cercanos al poder político tradicional y la orden de potenciar a estos humildes del servicio de Aseo. Las tensiones del cambio de modelo llevaron a estos privilegiados de la contratación a presionar sobre instancias del gobierno, hay una declaración que dice que, con dinero en la Procuraduría, en la Superintendencia de Industria y Comercio, y en la Contraloría, llevando a sanciones como la destitución”.
Además, el líder de la Colombia Humana señaló que “unánimemente, la Sala Plena del Consejo de Estado anuló todos los procesos del procurador Ordóñez contra mí. Todas las multas de la contraloría por más de $100 millones de dólares han sido suspendidas por la justicia colombiana. Sólo queda vigente la multa de industria y Comercio que es un caso excepcionalísimo, está suspendido el cobro coactivo, pero el presidente mediante la superintendencia mantiene el embargo como medida cautelar embargo, básicamente una persecución política”
“La sentencia vuelve realidad un principio democrático, el derecho político como un derecho humano fundamental. En Colombia bajo la excusa de la corrupción se quitó y se vulneró derechos fundamentales al permitir que autoridades políticas no judiciales me destituyeran”, dijo Petro.
Finalmente, el congresista aclaró que la multa que le pone el presidente está por $850 millones de pesos y la indemnización que logro por este proceso es aproximadamente por $36 millones. Yo vengo perdiendo más a raíz de toda esta situación. El Estado está obligado a pagarme, pero puede recuperar eso que me paga a través de la acción de repetición y es contra quien produjo el daño, como persona no como institución y ese que produjo el daño se llama Ordoñez”
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