Por: Luz Marina Cabrera Suarez

Un golpe de estado Legislativo

«El 1 de febrero, los militares de Myanmar tomaron el poder tras detener a la líder  Aung San Suu Kyi y a otros dirigentes y declarar el estado de excepción durante un año. Los Estados internacionales, incluidos Estados Unidos y el Reino Unido, han condenado el golpe y Estados Unidos ha amenazado con imponer sanciones (Ragavan & Miller, 2021) .» A este golpe de Estado le precedió un periodo de inestabilidad en la acción de gobierno, un fortalecimiento de las fuerzas del orden, la compra de más armas y un aumento de las violaciones de los derechos humanos ante un gobierno impotente frente a las fuerzas militares.

De otra parte, según Adolfo Atehortúa (Atehortúa Cruz, 2010), el Golpe de Estado de 1953 en Colombia, fue la del poder por parte de los militares de Colombia, deponiendo al gobierno civil conservador de Laureano Gómez, tras tres años de gestión impopular y varios años de violencia política anterior. Se dio durante el sábado 13 de junio de 1953 en Bogotá. Se presume que fue un golpe de estado anunciado ya que el presidente Laureano Gómez estaba listo para salir del país, él y su familia sacaron sus pasaportes el 10 de junio y el 17 de junio viajaron a Nueva York. El gobierno de Laureano Gómez se caracterizo por una profunda crisis social.

Pero este golpe no fue fruto del azar, “la situación del país se degradaba hasta la anarquía. Las retaliaciones del bandolerismo (alimentado por los caudillos de los dos partidos oficiales) no se hicieron esperar y por ello, no se excluyó la posibilidad de una guerra civil. Agotados todos los intentos por la búsqueda de una salida pacífica, no se pudo descartar un golpe militar” (Atehortúa Cruz, 2010).

Recientemente en Colombia se vivió un incidente al que muchos llamaron golpe de estado legislativo. Según narra el periodista Ángel Ocampo (2021), este episodio se manifestó por el fallido intento de hacer pasar un proyecto de ley que alargaba el periodo de gobierno actual de dos años. El proyecto fue radicado en el Congreso con la firma de representantes conservadores, de la U, Cambio Radical, Centro Democrático y Liberal. Este proyecto retardaría igualmente de dos años les elecciones al congreso, el senado y la presidencia de la república.

Según un artículo aparecido en el sitio de caracol radio,” Durante la mañana de este miércoles, el presidente Iván Duque anunció que, aunque no ha pensado utilizar esta medida, no puede desconocer la opción constitucional de declarar a nivel nacional “estado de conmoción interior”, una decisión que se tomaría para ponerle fin a la masiva ola de violencia que está tomándose las ciudades del país” (Rozo Galan, 2021). Este estado, según el articulo 213 de la constitución le daría al presidente poder plenipotenciarios.

Según un articulo del economista Salomón Kalmanovitz (2021) en el periódico el espectador, el presidente Duque ha sido negligente en el sector económico tanto como en sector de la salud. Kalmanovitz no se restringe en sus palabras diciendo que “Duque preside un Gobierno ensimismado e incompetente”.

Sobre la fallida reforma tributaria propuesta por Duque, según Kalmanovitz, esta “afectaba cruelmente el consumo básico, clavaba los servicios públicos y el transporte de las personas arruinadas por el aumento del desempleo y las restricciones a la actividad económica.” (Kalmanovitz, 2021).

La seguridad nacional

El 22 de septiembre del 2020 el Ministerio de la Defensa de Colombia anuncio que el gobierno colombiano presupuesta 10.400 millones de dólares para Defensa en 2021 (Saumeth, 2020). Colombia es el país en América después de Estados Unidos con el más grande gasto de defensa y seguridad en porcentaje del PIB con 3.1% en el 2017 (Fernández, 2018).

Para un país sufriendo sobre todo problemas de orden socioeconómico y de corrupción gubernamental, es un gasto exagerado.  Para comprender esta situación en el contexto que viven los colombianos, es necesario comprender que la legislación colombiana esta estructurada sobre la noción de seguridad nacional como un concepto integral dentro del cual se reúnen todas las amenazas que puedan poner en riesgo la tranquilidad y los intereses del Estado.

Pero hay que aclarar que el concepto de seguridad nacional bien comprendido es la garantía de condiciones de vida que un gobierno tiene la obligación de dar a sus ciudadanos dentro de todas las esferas del Estado. La seguridad bien comprendida es la protección del estado hacia los ciudadanos, el cumplimiento de su objetivo máximo y razón de ser, el termino defensa, en cambio, está relacionado al ataque. Pero en el caso de Colombia la seguridad nacional ha sido especialmente interpretada en términos de defensa. Es decir, si bien el concepto de seguridad nacional es un contexto legal, situacional, económico y político que da garantías a un individuo de vivir en una sociedad determinada, y que la defensa nacional es un conjunto de estrategias y útiles que puede utilizar un estado frente a un ataque inminente, en el caso colombiano, estos dos conceptos son manejados conjuntamente.

La amenaza a la seguridad nacional, bien comprendida, se puede apreciar fácilmente en los indicadores sociales de Colombia sobre la corrupción gubernamental, la inequidad y el poco ingreso económico que reciben sus habitantes; uno de los mas bajos en América del sur. A esto podemos agregar la crisis de la pandemia de la COVID-19.

En cuanto a la función de defensa del estado colombiano, a pesar de las relaciones tensas con Venezuela, Ecuador y Nicaragua, no hay ninguna prueba de tentativa de agresión de alguno de estos países en territorio colombiano que pueda probarse y llevarse en causa de protesta y reparación a las Naciones Unidas, la otras amenazas como el terrorismo ( 6,1) (Trading Economics, 2020) y la rebelión, ocupan según las estadísticas menos de 1% del total de situaciones de dificultades afrontadas por los colombianos en el 2020 y donde la mayor parte están representadas por la crisis socioeconómica. Desde este punto de vista Colombia necesita más crecimiento económico equilibrado y saneamiento en la ética pública que de estrategias de guerra.

La posibilidad de un cambio en las elecciones del 2022

El artículo de INFOBAE (2020) aparecido en noviembre pasado, evidencia el hecho de que Iván Duque sería el primer presidente en 20 años que no tiene posibilidad de repetir el mandato. Pero si su mandato termina con un balance positivo, podría darle votos al candidato de su partido político, de lo contrario iría a uno de los candidatos de la oposición donde innegablemente Gustavo Petro detiene la mayoría de las intenciones de voto en las encuestas hasta ahora realizadas.

La BBC público el artículo de Daniel Pardo (2021) donde el conflicto vivido actualmente y la ola de manifestaciones tiene un desenlace desconocido y sin precedentes. Según el corresponsal, “Duque llamó a los militares a controlar la situación (aunque varios alcaldes se opusieron); algunos incluso barajan escenarios de golpes de Estado y el líder en las encuestas para las elecciones de 2022 es un candidato de izquierda que militó en las guerrillas, Gustavo Petro”. Nunca antes se había presentado una situación de orden público completamente fuera de control donde el pueblo manifiesta la perdida total de confianza en las instituciones del estado.

En el artículo de Santiago Torrado (2021), menciona como Álvaro Uribe, el controvertido líder del partido político que llevo al poder a Iván Duque lanzó un mensaje por Twitter: “Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”. El expresidente Uribe quien tenía hasta el 2020 la firme intención de lanzarse de nuevo como candidato a la presidencia en las elecciones del 2022 ha “visto cómo se desploman sus números en las encuestas. Cerca de dos tercios de los encuestados ahora lo rechazan en los estudios de opinión” (Torrado, 2021).

Como se puede deducir, Álvaro Uribe, el caudillo del Centro Democrático, no tiene muchas posibilidades de volver a la casa de Nariño por las vías democráticas. En el artículo aparecido en la revista semana confirma la brecha abierta entre el expresidente y un grupo mayoritario de congresistas de su partido (2021). Ya no tiene la misma popularidad de cuando creo la “Seguridad democrática”. Una “política de seguridad democrática” de carácter nacional con tintes o propósitos internacionales que desemboco en su programa macabro de recompensas a los militares involucrados en el caso de los falsos positivos que no era más que una serie planificada de asesinatos de civiles presentados por el Ejército colombiano como guerrilleros muertos en combate.

Según Torrado (2021), el uso excesivo de la fuerza y los abusos de los uniformados se han instalado con fuerza en el debate público en Colombia desde la oleada de manifestaciones contra el Gobierno de Duque a finales de 2019. En las recientes manifestaciones, miembros de la policía y del ejercito han arremetido de forma agresiva contra los manifestantes e incluso en un video que circula en las redes sociales, vemos como un policía dispara en la cabeza a un joven manifestante que huye, el joven murió instantáneamente en la acera.

Un autogolpe de estado

Ante la imposibilidad de impedir de que la izquierda gane las próximas elecciones, los seguidores de Álvaro Uribe están haciendo una crisis de pánico. Por eso intentaron el aumento de 2 años del periodo presidencial, para ganar tiempo. La negligencia del gobierno actual ha activado la reacción drástica del pueblo y según el mismo presidente Duque, las manifestaciones justifican la intervención de las fuerzas del orden, que además ya no obedecen al ejecutivo. En esto, el alcalde de Cali manifestó recientemente en entrevista a Caracol Radio la violación de los derechos humanos en su ciudad.

En el articulo de Yenifer Rivera (2021), no habrá golpe de estado en Colombia, porque un golpe de estado necesita de un respaldo de las fuerzas militares. “En Colombia estamos muy lejos institucionalmente para que exista tal apoyo”. Según la periodista, un experto en derechos humanos del cual no da el nombre afirma que “Los golpes de Estado se dan cuando existe un malestar de las Fuerzas Militares ante los tipos de Gobierno. […] Cuando el Estado no apoya a la fuerza pública, se empieza a generar la ruptura. Ahí, el Ejército va en contra del poder ejecutivo”.

De otra parte, los indicios citados en este texto nos sugieren que Colombia reúne los indicadores de un auto golpe de estado inminente de la derecha disfrazada bajo el uniforme de las fuerzas militares. Como lo explican los autores Sharp y Jenkins (2003):

“Los golpes de Estado suelen ser llevados a cabo por elementos importantes de las fuerzas armadas, que actúan solos o en alianza con camarillas políticas, servicios de inteligencia (nacionales o extranjeros) o fuerzas policiales. En ocasiones ha supuesto una usurpación del ejecutivo: el jefe de Estado en el poder (por ejemplo, el presidente o el Primer Ministro), aprovechando una supuesta emergencia, se aprovecha de la situación para suspender el gobierno constitucional e instaurar una dictadura.”

Un golpe de estado en Colombia se justificaría en el hecho de que las fuerzas militares estarían obligadas de intervenir para implantar el orden porque el gobierno actual es inapto a responder a sus obligaciones. “A veces, un golpe de Estado ha sido organizado por un partido político dictatorial, con o sin sus propias fuerzas armadas” (Sharp & Jenkins, 2003). Igualmente, un golpe de estado beneficiaria a aquellos que querían retardar las elecciones de dos años porque como en la toma del poder de 1953, la junta militar necesitaría tiempo para poner en “orden” al país antes de entregarlo a las vías democráticas.

“También pueden ser llevadas a cabo por un sector de la clase dominante, con el apoyo de otros grupos. Para que el golpe tenga éxito, es importante que los que no participan en él lo apoyen, permanezcan pasivos o sean neutralizados. El golpe es, por definición, el acto de una minoría conspiradora, lo que lo convierte en lo contrario de una revolución popular de masas.” (Sharp & Jenkins, 2003).

Y en todo esto, Duque y su familia saldrían del país no como un presidente mediocre y perdedor sino como una victima del golpe de estado militar provocado por las revueltas organizadas por la izquierda. La cuestión que emerge delante de un golpe de estado no se encuentra en la búsqueda de un recurso legal para evitarlo, sino en la construcción herramientas que permitan a la sociedad civil de guardar las estructuras democráticas y garantizar las elecciones del 2022.

En ese sentido Gene Sharp, doctor en filosofía de Oxford, e investigador principal en el Instituto Albert Einstein de Boston (Massachusetts), recomienda junto con Bruce Jenkins el director de programa en el Bank Information Center de Washington, afirman que un arma de disuasión es de sentar las bases de una acción masiva fuerte de no-cooperación y desafío. (Sharp & Jenkins, 2003)

“La probabilidad de un intento de golpe de Estado se reduce, y será más fácil de superar, si las instituciones de la sociedad civil están preparadas y son capaces de resistir cualquier intento de toma de poder. Estos preparativos y resistencias pueden agruparse en cinco tipos generales de acción: (1) educación pública; (2) medios de comunicación; (3) organizaciones políticas; (4) instituciones religiosas; y (5) otros grupos e instituciones específicas ” (Sharp & Jenkins, 2003).

La crisis que atraviesa Colombia puede convertirse en una oportunidad para el nacimiento de lazos colectivos fuertes que obliguen a la clase dirigente a ser responsable e imputable hacia los ciudadanos. Todos los colombianos son llamados a concientizarse del papel importante que ellos ocupan no solamente en el ejercicio de la democracia por el voto sino en la protección de las estructuras democráticas.

Bibliografía

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