Informe de organismos de control revelan incumplimiento del Gobierno Nacional a la Ley de Víctimas.
A través de una indagación realizada por la Mesa Nacional de Participación de Víctimas junto a la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y la Procuraduría se develó las insuficiencias fiscales y de gestión por parte del Estado frente a las obligaciones que se asumieron ante las víctimas desde el 2012 hasta el 2020.
Sobre la garantía al derecho de restitución de tierras que establece dicha ley, el informe muestra que en nueve años no se atendió ninguna de las 1.463 órdenes de reubicación de vivienda y solo se han proferido 18 sentencias para retornos étnicos.
Dentro de las vergonzantes cifras se encuentran: 1’320.177 referente a personas a las que no se les ha asignado una cita para tramitar su documentación y 549.800 de personas pertenecientes a grupos minoritarios que no han recibido indemnización.
Los diferentes entes de control estiman que se requiere que el Gobierno destine aproximadamente $360 billones para atender los derechos de las víctimas. Asimismo, le exige correctivos que garanticen el cumplimiento de la ley.
Actualmente, los municipios que históricamente han sido golpeados por el conflicto también reclaman el abandono del Gobierno en medio de la pandemia y la inseguridad por cuenta de los grupos armados que delinquen en estas zonas.