En una reciente y relevante develación, el Gobierno de Colombia ha formalizado una solicitud a Estados Unidos, buscando acceder a las sentencias y sanciones impuestas contra el Grupo Aval. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ha encabezado este proceso, mientras que la Cancillería colombiana se prepara para activar los canales diplomáticos necesarios para obtener la información del Departamento de Justicia y la Comisión de Valores de Estados Unidos.
La petición, no exenta de controversia, se origina en torno a dos decisiones tomadas por las autoridades estadounidenses contra el Grupo Aval y Corficolombiana, en relación con su involucramiento en el escándalo de Odebrecht. Estas decisiones han generado un debate sobre la responsabilidad de estas empresas en el mencionado escándalo de corrupción.
En este contexto, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en línea con una orden del presidente Gustavo Petro, ha tomado la iniciativa de solicitar a Estados Unidos la documentación que respalda las sanciones y sentencias impuestas a las empresas colombianas. Esta solicitud fue comunicada a través de los canales oficiales de la entidad, y ahora la Cancillería dirigida por Álvaro Leyva asume la tarea de gestionar los procedimientos diplomáticos necesarios para acceder a la información solicitada.
En cuanto a las decisiones de las autoridades estadounidenses, Corficolombiana, una entidad dentro del Grupo Aval, ha sido objeto de sanciones significativas por su supuesta implicación en actos de corrupción en el extranjero. De acuerdo con información del Departamento de Justicia de EE. UU., Corficolombiana habría pagado multas por un total de US$80 millones, admitiendo su participación en sobornos que la habrían beneficiado en la obtención de un contrato.
La controversia también se centra en el posible pago de otra coima de $3.4 millones de dólares, que hasta el momento no ha sido objeto de investigación en Colombia. Además, se ha sugerido que un alto funcionario del gobierno de Juan Manuel Santos podría haber recibido un soborno importante.
La solicitud del presidente Gustavo Petro ha sido objeto de debate, ya que el fiscal Francisco Barbosa ha señalado que solo la Fiscalía tiene la potestad de iniciar una cooperación judicial de esta naturaleza. A pesar de esta advertencia, el Gobierno persiste en su búsqueda de información, buscando llenar los vacíos en la investigación llevada a cabo por la Fiscalía colombiana.