El incremento en las tarifas de los peajes en Colombia ha desatado un fuerte rechazo por parte de transportadores y ciudadanos. La situación se agravó al conocerse que ocho estaciones, gestionadas por seis concesionarios, aplicaron aumentos superiores al 4.64% aprobados por el Gobierno Nacional, respaldándose en contratos firmados en 2014.
En respuesta, la ministra de Transporte, María Constanza García, anunció una reunión para el 7 de enero con los concesionarios implicados. Este encuentro fue convocado tras una extensa reunión de más de ocho horas entre la ministra y el presidente Gustavo Petro, donde se discutieron los efectos de estos ajustes tarifarios.
El presidente Petro calificó los contratos firmados en 2014 como “mal hechos y leoninos” y expresó su preocupación en su cuenta de X (antes Twitter):
“El Gobierno ha autorizado una alza del 2,78% de los pesos. Sin embargo, ocho peajes de seis concesiones decidieron otra cosa, amparados en contratos del pasado. Esto no puede ser”.
La ministra García explicó que el incremento aprobado por resolución gubernamental correspondía al 60% del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2023, equivalente a 4,64%. Sin embargo, los aumentos adicionales obedecen a cláusulas contractuales pactadas con anterioridad.
La reunión con los concesionarios contará con la presencia de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Ministerio de Hacienda, entidades fundamentales en la planificación y ejecución de los ajustes tarifarios. El objetivo será evaluar las alzas aplicadas y tomar decisiones que equilibren los compromisos contractuales con el bienestar de los usuarios.
El alza ha generado tensiones con los transportadores de carga, quienes ya enfrentaron un paro para los primeros días de 2025. Durante la reunión con el presidente Petro, también se revisarán los avances en los acuerdos alcanzados con este gremio para evitar nuevas protestas.
Entre tanto, el Gobierno anunció que en abril se realizará un estudio concertado para evaluar los efectos inflacionarios y ajustar las tarifas de manera justa. Este análisis buscará garantizar un equilibrio entre los intereses de los concesionarios y las necesidades de los ciudadanos.