
El Consejo de Estado ha ratificado la anulación parcial del contrato de concesión minera No. GKT-081, otorgado por la Agencia Nacional de Minería (ANM), debido a la superposición de un 25% de su área con la reserva forestal El Cocuy, ubicada en la Cordillera Oriental de los Andes. Este fallo, que confirma una sentencia previa del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, establece un precedente importante en la protección de áreas naturales frente a proyectos de explotación minera.
El conflicto se originó cuando la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos U’wa denunció en 2009 la concesión de varios contratos mineros en territorios indígenas del Resguardo Unido Uʼwa, que abarca más de 220.000 hectáreas en los departamentos de Norte de Santander, Boyacá, Santander y Arauca. La comunidad argumentó que los contratos se otorgaron sin la consulta previa requerida por la ley, y que afectaban directamente su territorio y derechos colectivos.
A pesar de que la ANM argumentó que la consulta no era necesaria al estar en la etapa de exploración, y que el Estado tenía derecho a administrar los recursos del subsuelo, el Consejo de Estado desestimó estos argumentos. El tribunal consideró que la falta de consulta previa violaba los derechos fundamentales de la comunidad indígena y que la superposición con la reserva forestal era incompatible con la normativa ambiental vigente.
La decisión del Consejo de Estado obliga a la ANM a adoptar medidas para impedir la ejecución del contrato en las áreas protegidas, sin derecho a restitución económica para el concesionario. Además, se ordena realizar un proceso de consulta previa con la comunidad U’wa para cualquier otra actividad minera en la región.