miércoles, enero 15

FARC denuncia que ejército asesinó a exguerrillero en Colombia

Por AFP

La exguerrilla FARC, ahora convertida en partido político, denunció que el ejército asesinó a uno de sus integrantes en el noreste de Colombia.

La muerte del excombatiente Dimar Torres ocurrió el lunes en el municipio de Convención, departamento de Norte de Santander, en la frontera con Venezuela, dijo a periodistas el senador y excomandante Julián Gallo, también conocido como Carlos Antonio Lozada.

El asesinato “fue perpetrado por una patrulla del ejército nacional”, aseguró el congresista del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).

Según Gallo, lugareños se dieron cuenta del asesinato y entraron a la fuerza al campamento militar, donde supuestamente hallaron el cadáver y “la fosa que se estaba cavando” para enterrarlo. 

La FARC divulgaron unos videos en los que se observa un cuerpo ensangrentado junto a una motocicleta y un hueco en la tierra, así como una acalorada discusión entre pobladores y soldados sobre la muerte del excombatiente.

El ministro de Defensa, Guillermo Botero, anunció la apertura de una investigación interna para esclarecer el hecho.

Torres estaba establecido en el convulso Norte de Santander, en una zona de reincorporación en la que se agrupan decenas de excombatientes, cerca del lugar donde falleció, explicó a la AFP una fuente de los antiguos exguerrilleros.

El ministro aseguró que el asesinato podría involucrar a “miembros de la fuerza pública que le estaban dando protección” a una de esas zonas de reincorporación.

El Norte de Santander, la tercera zona con más narcocultivos de Colombia, es disputado por guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidentes de las FARC y bandas narcotraficantes.

Un total de 128 excombatientes de las FARC han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016 hasta principios de abril, según la estatal Agencia para la Reincorporación y la Normalización.

El partido FARC ha denunciado con insistencia la falta de garantías de seguridad para sus integrantes, tras la firma del pacto que condujo al desarme de unos 7.000 combatientes bajo la supervisión de la ONU.

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