La Fiscalía General de la Nación capturó al exconcejal de Inírida, Juan Esteban Barrera Veloza, junto con su madre, Carmen Julia Veloza Pesquera, y un colaborador, Juan Camilo Aguado Hernández, para liderar una red de minería ilegal que operaba en el río Atabapo, una fuente hídrica crucial en la estrella fluvial del Inírida, Guainía. Este ecosistema, de alto valor ecológico, ha sido gravemente afectado por el uso de mercurio y maquinaria pesada.
Según la investigación, los detenidos eran dueños y financiadores de al menos diez dragas empleadas para la extracción ilícita de oro. Barrera Veloza, quien fue concejal entre 2020 y 2023, habría utilizado su carga para obtener información sobre los controles de las autoridades y garantizar la continuidad de las operaciones ilegales. Por su parte, Veloza Pesquera gestionaba la logística, desde la adquisición y traslado de las dragas hasta el reclutamiento de jóvenes que operaban las máquinas, conocidos como “buzos”. Aguado Hernández se encargaba de la compra de insumos y repuestos, además de participar en las labores extractivas.
La minería ilegal en el río Atabapo no solo ha provocado la deforestación de las áreas aledañas, sino también la contaminación de sus aguas con mercurio, un metal que representa un riesgo severo para la biodiversidad y la salud de las comunidades locales. Análisis recientes han detectado niveles alarmantes de este tóxico en el río, lo que pone en peligro especies acuáticas únicas y amenaza a las poblaciones indígenas que dependen de estas aguas.
La Fiscalía imputó a los capturados delitos graves como concierto para delinquir, explotación ilícita de yacimientos mineros, ecocidio, daño a los recursos naturales, contaminación ambiental y ocupación de áreas protegidas.
El caso de Guainía es un reflejo de una crisis ambiental que afecta a varias regiones de Colombia. La minería ilegal, impulsada por el aumento del precio del oro tras la pandemia, ha devastado ecosistemas como los Farallones de Cali, donde millas de mineros ilegales han generado deforestación masiva, contaminación de ríos y desplazamiento de fauna y flora locales.
Aunque las autoridades han intensificado los operativos para destruir maquinaria y desmantelar campamentos, el problema persiste debido a la falta de oportunidades económicas en las regiones afectadas. Muchas comunidades vulnerables recurren a esta actividad como único medio de sustento, perpetuando un ciclo destructivo.
Expertos y organizaciones señalan que las punitivas deben complementarse con estrategias sostenibles que incluyan el desarrollo económico local y la educación ambiental. Además, se requieren acciones internacionales para controlar la cadena de suministro del oro y evitar que este mineral de origen ilegal termine en los mercados globales.