En una reciente entrevista con la Revista Cambio , José Dorado Gaviria, exagente de inteligencia del Ejército Nacional, ha hecho públicas impactantes revelaciones sobre el verdadero propósito de la retoma del Palacio de Justicia en 1985. A casi 39 años de este trágico evento, Dorado aseguró que el operativo militar, lejos de estar centrado únicamente en combatir al grupo guerrillero M-19, tenía como objetivo eliminar a figuras clave de la rama judicial, percibidas como enemigas del Estado.
Dorado describió cómo la inteligencia militar planificó y ejecutó meticulosamente el operativo, con una estructura clara y directrices precisas de altos mandos. La operación se caracterizó por el uso de vigilancia y seguimiento exhaustivo de magistrados y otras figuras judiciales, señaladas por tener presuntos vínculos con grupos armados. Según el exagente, estos individuos eran considerados “objetivos de aniquilamiento”, y sus muertes fueron cuidadosamente encubiertas como bajas en combate.
Uno de los casos más emblemáticos mencionados por Dorado es el de Irma Franco, quien, tras salir con vida del Palacio, fue asesinada en instalaciones militares. Además, sostuvo que cuerpos de personas ejecutadas fueron devueltos al Palacio para simular que murieron durante el enfrentamiento con el M-19. De acuerdo con su testimonio, esta estrategia buscaba ocultar los asesinatos extrajudiciales cometidos por la inteligencia militar.
Además, Dorado apuntó a figuras como los generales Harold Bedoya y Mario Montoya como responsables de la operación. Según su relato, la inteligencia militar se infiltró al M-19 años antes de la toma, permitiéndoles conocer de antemano los movimientos del grupo guerrillero. Sin embargo, sostiene que los verdaderos objetivos del operativo fueron los funcionarios judiciales, en especial aquellos que representaban una amenaza para el control militar.
El exagente también denunció la colaboración forzada de instituciones como Medicina Legal, que habrían sido obligadas a expedir certificados de defunción falsos para encubrir asesinatos premeditados. Entre las víctimas se encontró el magistrado Carlos Horacio Urán, cuya muerte, según Dorado, fue planeada como parte de esta operación de limpieza.
En su relato, Dorado afirmó que desde 2016 ha intentado colaborar con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero su ingreso fue bloqueado por altos mandos militares. A pesar de esto, ha proporcionado información sobre otras operaciones de inteligencia en las que estuvo involucrado, muchas de las cuales siguen siendo investigadas por la JEP.
Finalmente, Dorado cuestionó si las prácticas de eliminación de opositores continúan vigentes en la inteligencia militar actual, dado que, tras la retoma del Palacio, la estructura de inteligencia fue reforzada y no limitada, consolidándose como un “monstruo” con más poder y recursos.