Por: Jaime Gómez Alcaraz
Analista Internacional – Vocero en asuntos de política exterior del partido Iniciativa Feminista de Suecia
El 14 de septiembre de 1977 se organizó lo que se conoció como el primer paro cívico nacional en Colombia. Fueron asesinados cerca de 20 personas por las fuerzas de la policía. Lo recuerdo muy bien porque fue la primera ocasión en que la policía me apresaba en una manifestación y además porque también fue la primera ocasión, en que fui golpeado por un “palito de abollar ideologías” como les decía Mafalda a los bolillos. Aún hoy no comprendo como el policía que corría detrás de mí, de repente desapareció y como por arte de magia apareció por mi lado izquierdo con las mencionadas consecuencias.
44 años después se organiza otro paro nacional que, por los niveles de vinculación de amplios sectores del pueblo colombiano, se muestra como el más grande en la historia reciente de Colombia. Y muchos dicen, incluyendo sectores de la prensa internacional que el paro es producto de la pandemia. Me arriesgo a cuestionar esa afirmación.
La aguda crisis social vivida en Colombia no es consecuencia de la pandemia. Lo que está pasando con la pandemia que ha venido afectando al mundo entero, es que desnudó en su más cruda realidad, las consecuencias de años de gobiernos y desgobiernos que implementaron una cruda política neoliberal. Además, un mal manejo de la pandemia profundizó la crisis social. Los motivos de las protestas se han venido incubando con paciencia inmedible y son muchos. Para empezar, están las demandas que el gobierno se negó a negociar en el paro nacional de noviembre de 2019 que a su vez reclamaba el incumplimiento de compromisos incumplidos por parte del estado en paros anteriores, lo que demuestra que no son problemas nuevos los que motivaron a amplios sectores del pueblo colombiano a desafiar los efectos de la pandemia y tomar las calles para protestar.
Monseñor Darío Monsalve, arzobispo de Cali, resumió los motivos del paro nacional diciendo “lo que ha hecho el Estado colombiano es una provocación al pueblo colombiano”.
Son las constantes violaciones por parte del estado a los acuerdos de paz entre las FARC-EP y el estado colombiano, es la propuesta del gobierno de usar glifosato contra las plantas de coca con el conocimiento de que su uso provoca graves enfermedades en los animales y entre las comunidades por lo cual está prohibido, entre otras cosas, en la Unión Europea. Es la propuesta de una nueva reforma tributaria que concentra los esfuerzos de recaudación de dinero en las clases media y baja para financiar el fisco. Es la reforma de salud que profundiza la privatización del sector salud y que acaba por recortar aún más las oportunidades de acceso a los sectores más pobres de la sociedad, a este servicio indispensable para la sociedad. Es la exigencia para frenar el asesinato de líderes sociales. Más de 900 líderes sociales han sido asesinados en Colombia desde 2016. Todas las demandas se podrían resumir en el respeto al derecho a la vida, el cumplimiento de los acuerdos de paz y al retiro del paquete de medidas neoliberales puesta a consideración del Congreso.
Según el DANE, la pobreza aumentó en el 2020 al 42,5% de la población y otro 30% de la población se encuentra en situación de vulnerabilidad económica, es decir, tiene ingresos por encima del nivel de pobreza, pero ante una crisis económica como la que vivimos, corre el riesgo de acabar en la extrema pobreza. Es decir, casi el 75% de la población colombiana se encuentra en situación de vulnerabilidad económica!
En una situación en la que casi el 60% de la población se encuentra en situación de precariedad y donde la gente debería quedarse en casa como una manera para hacer frente a la pandemia, las familias se ven obligadas a enfrentarse al dilema de salir a buscar el sustento diario o quedarse en casa y morir de hambre. El estado no implementó la renta básica con el argumento de que no existen recursos económicos para ello. En cambio, invirtió, por ejemplo, alrededor de 40 billones de pesos para ayudar al sistema bancario en lugar de ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas. Igualmente, dispuso de cuantiosos recursos para ayudar a salvar a la empresa Avianca, que ni siquiera paga impuestos en Colombia. Para dar una imagen de preocupación por lo social, dispuso de recursos del presupuesto para un subsidio de aproximadamente $154.000 para algunas de las familias de más bajos ingresos, en un momento en que el salario mínimo es de $980.657 por mes. Una familia no vive con el salario mínimo, por lo que deben trabajar al menos dos personas por unidad familiar. Así, que el subsidio llamado “Ingreso solidario” no garantiza ni de cerca que una familia pueda quedarse en cuarentena en su sitio de vivienda (para los que tienen un techo donde vivir).
Es en ese contexto que se da este paro nacional. Esos males de antaño que permanecen insolubles pero que aparecen de manera recurrente en grados cada vez mas agudos al punto que para miles de familias es un problema de vida o muerte, colocaron a cientos de miles de colombianos en la disyuntiva de continuar viviendo en la misera o de enfrentarse a la injusticia con la dignidad que brota cuando se siente la existencia amenazada.
Y la respuesta del gobierno es la misma que históricamente han dado las élites: desoír, burlarse, evadir la negociación y cuando la indignidad del pueblo se vuelve puño, convierte la protesta social en un problema militar. Es esa visión militarista que recuerda los tiempos en que los militares asumían la dirección del estado en cruentas dictaduras militares. Es esa miopía política que les impide ampliar la participación ciudadana. Es esa disposición permanente a defender sus intereses cueste lo que cueste. Y ese “cueste lo que cueste” implica llamar al ESMAD, reprimir a mansalva, ejercer violencia sexual y cegar vidas a nombre del estado. Luego, el general Zapateiro, el mismo del dantesco grito ¡ajua! los felicita por el buen desempeño y por el deber cumplido, como si asesinar, o violar, o desaparecer o dañar los ojos de los protestantes a nombre del estado fuera parte del deber.
¿Y que sigue ahora? Independientemente de los diversos análisis sobre este tópico, pienso que la respuesta no se puede dar en una sola via. Hay que mirar la situación como una gran autopista de varios carriles en donde los vehículos que transitan allí influyen y se ven influidos por la dinámica. El Comando Nacional de Paro debe seguir ejecutando su papel de encausador de amplios sectores que apoyan el paro, pero debe ser al mismo tiempo consiente que no representa a todos los actores que están impulsando las protestas en el terreno. Me refiero a los sectores populares, a los jóvenes en las barriadas que se organizan a sí mismos y que organizan a sus vecinos, a los desempleados que no están vinculados a un sindicato, a los grupos ancestrales que protagonizan uno de sus momentos más estelares como actor social, a los grupos LGBTQ+ y los grupos feministas que tienen exigencias por las que han luchado por décadas, a las comunidades negras y grupos afros que afrontan una situación de exclusión histórica, etc. La lista podría hacerse más larga. Todes eses grupos deben ser oídos y deben hacerse participes de las instancias de negociación que existan o lleguen a existir a nivel nacional, regional o local. Todes elles deben tener espacio para desarrollar sus liderazgos. Ignorarlos sería un acto de idiotez política. Además, un punto esencial será la exigencia de que aparezcan vivos los más de 390 desaparecidos que hasta el momento ha tenido el paro. Esta situación de inaceptable violación a los derechos humanos necesitará de la presión de la comunidad internacional.
En un conversatorio en el que tuve la oportunidad de participar recientemente, decía una de las personas que expresaba su visión de las protestas, “es que esto ya no es una protesta, esto es un estallido social.” Razón no le falta. Parte de la solución a este estallido social está en la posibilidad de generar un estallido de unidad, que permita enfrentar en la mesa de negociación a los representantes del proyecto neoliberal que tienen un muy bien afinado discurso militarista. De ese tamaño es el reto.
Jaime Gomez, analista internacional y vocero en asuntos de política internacional del partido Iniciativa Feminista de Suecia