El juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno a testigos y fraude procesal está programado para iniciar hoy, en un proceso judicial que ha estado marcado por múltiples intentos de dilación. Sin embargo, su defensa ha solicitado nuevamente el aplazamiento de la audiencia, argumentando falta de tiempo para revisar pruebas y motivos de seguridad.
Un juicio lleno de obstáculos
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá había autorizado la continuidad del juicio tras resolver un recurso de la defensa que buscaba inhabilitar ciertas pruebas. No obstante, el abogado de Uribe, Jaime Lombana, radicó un memorial en el que solicita un nuevo aplazamiento, una estrategia que, según analistas, podría llevar a la prescripción del caso en octubre de 2025 sin que haya un fallo condenatorio o absolutorio.
La reciente decisión del Tribunal incluyó la admisión de testimonios clave y nuevas pruebas documentales, lo que sienta un precedente importante para el proceso. Entre las pruebas admitidas se encuentran interceptaciones telefónicas y chats de WhatsApp que comprometen al expresidente.
Hasta el momento, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que las interceptaciones ordenadas por la Corte Suprema de Justicia a las conversaciones entre Álvaro Uribe y su abogado Diego Cadena serán utilizadas como pruebas en el juicio. En estas grabaciones se discutirían temas relacionados con la presunta manipulación de testigos.
Además, se incorporarán conversaciones de WhatsApp de 2018 entre Álvaro Hernán Prada, actual presidente del Consejo Nacional Electoral, y Carlos López Callejas, alias “Caliche”, que podrían aportar información clave sobre el presunto soborno a testigos.
La decisión del Tribunal también revocó el fallo del juez de primera instancia, permitiendo la inclusión de testimonios de figuras como Andrés Felipe Arias, Fabio Valencia Cossio y Néstor Humberto Martínez, quienes fueron llamados por la defensa del expresidente.
La estrategia de la defensa y el riesgo de prescripción
El abogado de Uribe, Jaime Granados, también ha solicitado que el juicio se realice de manera virtual, argumentando razones de seguridad. Además, insiste en que el juicio no debe iniciarse antes del 17 de febrero de 2025, lo que refuerza la percepción de una estrategia dilatoria que podría derivar en la prescripción del caso.
Expertos en derecho penal advierten que el uso de estas tácticas podría evitar que la justicia emita un fallo antes de la fecha límite en octubre de 2025. La inclusión de nuevas pruebas y la decisión del Tribunal de ampliar la amplitud probatoria podrían jugar un papel clave en el desarrollo del proceso, si este logra avanzar sin más demoras.
Entre tanto, el inicio del juicio contra Álvaro Uribe marca un hito en la historia judicial del país, pero las constantes solicitudes de aplazamiento generan incertidumbre sobre su desenlace. Mientras la defensa sigue buscando maneras de frenar el proceso, la justicia enfrenta el reto de garantizar que el caso avance sin que se diluya en el tiempo.
El país estará atento a la decisión de la juez 44 Penal del Circuito de Bogotá sobre la solicitud de aplazamiento y los próximos movimientos en un juicio que podría definir el futuro legal del expresidente.