Este lunes se conoció el informe ejecutivo del equipo de empalme entre el gobierno saliente de Iván Duque y el entrante de Gustavo Petro, en este se plantearon varias alertas por el desfinanciamiento de algunas carteras y sectores como Justicia, Transporte, Salud y subsidios de ingreso solidario.
La primer alerta es sobre las finanzas del Departamento de Prosperidad Social (DPS) de las cuales aseguran que el Departamento de Planeación Nacional hizo grandes recortes a los proyectos de inversión de la entidad para el 2023, que ascienden a 10 billones de pesos; específicamente en los programas de transferencias monetarias (Ingreso Solidario).
En el informe también advierten sobre la insostenibilidad del sistema de salud por las deudas acumuladas de las EPS que alcanzan los 20 billones de pesos, afirman que hay “déficit de 6,4 billones en el presupuesto de 2022 y de 4,6 billones en 2023”. Además señalan que hay 14 EPS en riesgo de liquidacióny el proceso de auditoría del giro directo a prestadores por parte de ADRES tiene imprecisiones y riesgos de corrupción.
A esto se le suma el estado crítico del Catastro Multipropósito, donde, según señalan, es crítica la ejecución de los recursos de los créditos provenientes de Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, por lo que advierten que hay una posibilidad de que si no se cumple con la fecha de entrega, ambos bancos darían calificación negativa al proyecto.
Con respecto a la revisión integral de la Política de Paz con Legalidad y los 5 fondos que la integran, advierten que de los 9 billones de pesos del Fondo Colombia en Paz ya hay comprometidos 8,2 billones.
En cuanto al sector cultural, señalan que hay conflictos jurídicos y riesgos de embargo, según explican, se encuentran detenidas obras para la construcción de museos, Casas de la Cultura y Centros Históricos debido a conflictos jurídicos y contractuales. La inversión en estos proyectos asciende a 162.244 millones de pesos.
Por último, el informe señala que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres tiene recursos insuficientes para el funcionamiento y capacidad operativa para el proyecto la Mojana, el cual fue avalado sin estudios/diseños que lo soporten, a vigencias futuras hasta 2026.