La Contraloría General reveló irregularidades fiscales en 24 Empresas Promotoras de Salud (EPS), que involucraron un desvío de recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) por un total de $6 billones durante el año 2020. Estos fondos, destinados por el Estado para la atención en salud de los afiliados, fueron utilizados inapropiadamente para pagar deudas de años anteriores y otros gastos no relacionados con la salud.
La Contraloría basó su evaluación en los estados financieros de las EPS correspondientes a los años fiscales 2019, 2020 y 2021, certificados por sus representantes legales y revisores fiscales, y registrados ante la Superintendencia Nacional de Salud. La investigación reveló que las EPS utilizaron recursos de la UPC de 2020 para pagar servicios de salud de años anteriores, lo cual está prohibido por la Constitución y la ley.
Entre las EPS investigadas se encuentran Aliansalud, Asmet Salud, Salud Total y EPS Suramericana. Casos destacados incluyen:
EPS S.O.S.: Utilizó $86 mil millones de la UPC 2020 para pagar deudas de 2003 a 2015.
Nueva EPS: Pagó $62 mil millones por servicios de 2008 a 2015 con recursos de 2020.
CONVIDA: Utilizó $4 mil millones de la UPC 2020 para deudas anteriores.
ECOOPSOS: Desvió $1.621 millones para cubrir deudas pasadas.
La Contraloría también encontró que algunas EPS no pudieron justificar el uso de $5.3 billones, como es el caso de la Nueva EPS y Famisanar, que realizaron pagos sin soportes adecuados por $2.1 billones y $643 mil millones, respectivamente. Además, se descubrió que la Nueva EPS utilizó $40 mil millones de créditos bancarios para gastos no relacionados con la atención en salud, como honorarios de junta directiva y otros beneficios personales.
Entre tanto, ña investigación arrojó 61 hallazgos con incidencia administrativa, 37 con incidencia fiscal, 37 con presunta incidencia penal y 37 con presunta incidencia disciplinaria. Se iniciarán procesos de responsabilidad fiscal por $6 billones y se abrirán 24 indagaciones preliminares por $5.3 billones. La Contraloría ha trasladado estos hallazgos a la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación.
La Contraloría enfatizó que los recursos de la salud son públicos y parafiscales, y deben utilizarse exclusivamente para los fines establecidos por la ley.