Como un “genocidio continuado” fue calificada la operación Siloé que ocurrió en medio del Paro Nacional de 2021, esto a través de un fallo emitido por el Tribunal Popular de Siloé que sentenció simbólicamente al Estado colombiano por la violencia ocurrida en ese barrio de Cali en medio del estallido social.
Este Tribunal, creado tras las protestas y conformado por organizaciones sociales, abogados y líderes del barrio, concluyó que lo que ocurrió evidencia una “tragedia histórica agenciada por el Estado colombiano al no reconocer las exigencias sociales e irrespetar el derecho a la protesta social”. Además denuncia que durante el 28 de abril y el 12 de junio de ese año hubo un proceder clasista y racista en la represión estatal.
La sentencia expone que el comité de expertos documentó y analizó 18 hechos violentos, que dejaron 159 víctimas. Durante los 46 que duró el estallido social, según la sentencia, al menos 16 personas fueron asesinadas, ocurrieron detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y amenazas, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.
El fallo es claro en señalar que tanto el jefe de estado, Iván Duque, como el mandatario local, Jorge Iván Ospina, son responsables de estos violentos hechos, además señala como responsables a su ministro de Defensa, Diego Molano; al entonces comandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro, y a altos mandos de la Policía nacional y local.
““Los servidores públicos abusaron del uso de la fuerza como parte de un comportamiento estatal que no ha sido ajustado al deber ser, a pesar de la serie de condenas ante la justicia interamericana”, apunta la sentencia.
Cabe mencionar que el fallo no es vinculante en términos judiciales, es decir no implica una condena en la justicia ordinaria para ningún actor institucional, pero es reparador para las víctimas.
Sobre este histórico fallo, La magistrada y socióloga argentina Verónica Giordano detalló a la agencia Efe que “se valoró la amplia evidencia recaudada en los testimonios, la prensa, pruebas escritas y videos donde se buscó establecer la verdad sobre las violaciones a derechos humanos cometidas contra los pobladores y residentes de la comunidad de Siloé.