En medio de las protestas que se han presentado en las últimas semanas en todo el país se ha logrado evidenciar el descontento de la ciudadanía con temas como la reforma tributaria, el incremento de la pobreza monetaria y la pobreza extrema, la falta de cobertura en educación superior y las precarias condiciones para el regreso a clases en la primaria, básica y media. Del mismo modo, existe insatisfacción ante un sistema de salud precario y un proceso de vacunación lento y un obsoleto proceso de reactivación económica que no ha priorizado las micro y pequeñas empresas, la economía popular y la población pobre y vulnerable, entre otros aspectos que se han venido acumulando con el paso del tiempo.
La horrible noche extendida
Es así como el pasado 28 de abril explotó esta “olla a presión” mostrando que la gente ya no soportaba más ineficiencia y maltrato por parte del Estado y decidió salir a las calles a manifestar su inconformismo a través de consignas como “no queremos morir de COVID, pero tampoco morir de hambre” y, por supuesto, “a parar para avanzar, viva el paro nacional”. La gente se juntó en las calles con letreros en pequeñas hojas o grandes pancartas en alusión a los reclamos por la incapacidad del Estado.
La respuesta del gobierno de Iván Duque ante las exigencias fue la represión, dejando en evidencia la nula intención de buscar una solución real que traspase las letras escritas en actas. Lo que ha ocurrido hasta el momento es la imposición del poder a través del uso ilegítimo de la fuerza que se refleja para el 13 de mayo, según cifras de Defender la Libertad, en 50 personas presuntamente asesinadas por la fuerza pública, 21 personas víctimas de violencia sexual por la misma institución, 524 personas agredidas, 1.430 personas detenidas en su mayoría a través de procedimientos arbitrarios y 379 personas presuntamente desaparecidas.
Ante este panorama que requiere atención y soluciones prontas, por un lado, el presidente Iván Duque propuso unos diálogos con actores que no representan totalmente el inconformismo de quienes están en las calles, manteniendo su política de represión y ordenando a la fuerza pública atacar al pueblo para reducir la protesta social. Por el otro lado, en lo que corresponde al gobierno local, la alcaldesa Claudia López ha mantenido su constante espectáculo mediático, deslegitimando la protesta social y justificando el colapso del sistema de salud a causa de las movilizaciones de los últimos días, sin aceptar la incapacidad del Distrito para atender la pandemia.
En efecto, la pandemia no solo trajo consigo la pérdida de miles de vidas, sino también impactos sociales y económicos negativos para la sociedad. Esta no fue neutral al género o la clase social, teniendo en cuenta que principalmente afectó a mujeres y pobres, quienes hoy están en las calles haciéndose escuchar buscando soluciones concretas ante las necesidades que atraviesan. Aquellos que ostentan el poder han sido incapaces de resolver las precarias condiciones que padece el pueblo y, por el contrario, esperan el ocaso del día para en complicidad con la oscuridad desenfundar las armas y disparar de manera indiscriminada contra la gente.
La Renta Básica como derecho
Una de las banderas que se alza en medio de estas movilizaciones es la necesidad de implementar en todo el territorio nacional la Renta Básica, la cual se representa en un ingreso que otorga el Estado como derecho de todas y todos los ciudadanos, para así poder acceder a una canasta de bienes mínima o complementar otros ingresos. Dicha medida parte del principio de que “toda persona debe tener una base material mínima que garantice su derecho a la coexistencia social y, por tanto, a su libertad: nadie es realmente libre si no tiene la existencia material garantizada”[1], y esté en perspectiva promover y garantizar una justa distribución de la riqueza. Si se hacen ejercicios de focalización, inmediatamente eso deja de ser Renta Básica y se convierte en transferencia focalizada o condicionada.
Esta medida ha sido implementada en países como Brasil y Argentina en América Latina, el estado de Alaska y Canadá en América del Norte, y España y Finlandia en Europa, y se orienta a erradicar la pobreza, permitir el ahorro, la inserción en el mercado laboral y el aumento de productividad; lo anterior, aportando al desarrollo económico y promoviendo la equidad y la igualdad, al igual que la concentración de la riqueza. Por ejemplo, en “el caso de Finlandia, se establece una renta básica similar al ingreso mínimo para cubrir necesidades fundamentales y el caso de Irán que, apoyado por las reservas que generó durante el auge del petrolero, estableció un esquema de aseguramiento para toda su población”[2].
Para el caso de Colombia y en particular de Bogotá, la alcaldesa Claudia López insiste en que esta es la única ciudad del país que cuenta con Renta Básica. Sin embargo, esto no es cierto porque lo subsidiado por parte de la administración no cumple con el concepto de Renta Básica descrito anteriormente, siendo esto corroborado por el Secretario de Hacienda ante el Concejo de Bogotá tanto en la discusión de Presupuesto 2021 como en un debate de control político reciente relacionado con el tema, donde reiteró que las medidas que viene tomando el Distrito están encaminadas a construir e implementar una Renta Básica, pero en el mediano plazo.
Para conseguir dicha Renta Básica, el funcionario ha dicho que hay que pasar por un proceso de actualización de la focalización y sistematización que incluya la sumatoria de los fondos sociales existentes, teniendo en cuenta que los recursos disponibles y el modelo de subsidios actual no cuenta con capacidad suficiente. Por tal motivo se ha implementado el programa de “Ingreso Mínimo Garantizado” que reemplaza a Bogotá Solidaria, aunque la alcaldesa se atreva a llamarlo “Renta Básica”, incluso con una página web con el mismo nombre (https://rentabasicabogota.gov.co/).
Ingreso Mínimo Garantizado (IMG)
Esta apuesta surge para el Distrito en el marco de la discusión y aprobación del presupuesto para 2021, donde se incluye dentro de la estrategia de rescate social y como primer eje al Ingreso Mínimo Garantizado, con la concurrencia de recursos del Distrito y del Gobierno Nacional. Así, su esquema indica que “que garantizará progresivamente un ingreso mínimo, representado en transferencias monetarias, bonos canjeables o ayudas en especie, como mínimo a 500.000 hogares residentes en Bogotá D.C. en condición de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad que cumplan con los criterios de focalización establecidos por la estrategia. La estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado tendrá una periodicidad mensual para 2021”[3].
Es necesario mencionar que implementar este modelo de subsidio (IMG) a través de transferencias monetarias focalizadas, implica un alto costo de implementación e incluso dificultades sobre su asignación, al tener que verificar que todos quienes requieran este ingreso cumplen con los requisitos para ser beneficiarios por este.
La transferencia se proyectó por hogares y no por personas, esto en el marco de la discusión del presupuesto del Distrito para el 2021 donde el Secretario de Hacienda indicó que aquellos que como resultado de la focalización se encuentren en condición de pobreza recibirían una transferencia de $80.000 mensuales por el Distrito y cada dos meses tendrían un adicional de $160.000 por el Gobierno Nacional, para un total de $240.000 de manera bimensual. Sin embargo, en 2021 se ha implementado el Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) con un monto definido de $120.000 mensuales para hogares pobres y aunque han transcurrido cinco meses del año a la fecha se han entregado cuatro transferencias de la siguiente forma:
- Ciclo 1 y 2 (marzo) transferencia para 127.189 hogares pobres que no recibieran ningún apoyo por parte del Gobierno Nacional.
- Ciclo 3 (abril) transferencia para 140.620 hogares beneficiarios.
- Ciclo 4 (mayo) se pasó a 346.418 hogares, debido a que se decidió cubrir con este beneficio a todos los pobres implementando la medida de concurrencia; es decir, aporte de recursos entre la administración distrital y el Gobierno Nacional, definiendo así una asignación por ciclo para un hogar de $240.000, de tal forma que si el Gobierno Nacional asigna $160.000 el Distrito entregará el faltante ($80.000).
Finalmente, al realizar la actualización de la información se encuentran alcanzados en lo corrido del año en Bogotá 402.977 hogares en total (acumulado entre enero y abril, teniendo en cuenta que no todos recibieron transferencia monetaria en los 4 ciclos)[4]. Esto no coincide con lo indicado por el Secretario de Hacienda en la sesión del Concejo del 12 de noviembre de 2020, quien afirmó al proyectar el IMG que con este se beneficiarían mensualmente 443.000 hogares pobres con recursos propios del Distrito y 900.000 hogares pobres y vulnerables con apoyo de la Nación. Dicha meta a la fecha no se ha cumplido, pues se evidencia una limitación en la cobertura de los hogares pobres del Distrito e igualmente, se han excluido los hogares vulnerables para acceder a tal beneficio.
Fuentes de financiación
Vale la pena destacar que en la discusión del presupuesto distrital 2021 en el Concejo de Bogotá desde la Bancada Colombia Humana – Unión Patriótica se presentó una proposición relacionada con la redistribución del presupuesto, proponiendo la reducción de inversión en el sector de movilidad, particularmente en lo relacionado con el aún hoy incierto corredor verde de la carrera 7ma ($2 billones).
Esto, con la intención de liberar recursos que permitieran garantizar la financiación de las transferencias monetarias del Ingreso Mínimo Garantizado por un año para las 350.000 familias relacionadas en la meta trazadora del Plan de Desarrollo (población objeto del Sistema Distrital de Bogotá Solidaria en Casa). Allí se pretendía asignar una transferencia mensual para cada hogar correspondiente a la línea de pobreza monetaria para Bogotá ($449.000), lo cual tendría un costo total de $1,89 billones.
Esto permitiría la reactivación económica, el incremento de la demanda agregada y garantizar el mínimo vital para los hogares pobres de Bogotá en mejores condiciones. Sin embargo, esta proposición fue negada por parte de la administración, priorizando la inversión en el sector movilidad y así garantizando la sostenibilidad del negocio de los privados.
No obstante, nos mantenemos firmes en la necesidad de implementar la Renta Básica en el Distrito e incluso a nivel nacional, por ello elaboramos un documento donde se plantean alternativas de incremento en la captación de recursos a través de los ingresos corrientes tanto a nivel local como nacional. Esto, a través de la implementación de una nueva reforma tributaria que, contrario a la retirada en días pasados que recargaba la tributación en las personas naturales, los ingresos medio-bajos y el consumo, reestructure el modelo de tributación con menos impuestos regresivos y más progresivos.
Lo anterior se daría siempre y cuando se logre primero, garantizar la progresividad, es decir que aquellas personas naturales que cuentan con grandes patrimonios tributen de manera obligatoria en mayor medida, segundo, se reduzca hasta erradicar la evasión de impuestos y tercero, se eliminen las exenciones y reducción de impuestos a empresas con grandes capitales y utilidades sostenidas, que pertenecen a sectores tales como el financiero, minero y petrolero. Estas medidas entre otras permitirían un mayor recaudo, aportarían a la reducción del déficit fiscal y podrían garantizar la implementación de una Renta Básica o por lo menos una transferencia monetaria mucho más digna en la ciudad.
Un salvavidas económico en Bogotá
Con el último estudio del DANE sobre pobreza monetaria y pobreza extrema para 2020 en Colombia, se identifica que a nivel nacional la línea de pobreza monetaria es de $331.688 por persona (hogar de 4 personas $1.326.752) mientras que para Bogotá es de $455.030 (hogar de 4 personas $1.820.120), monto que aún está muy lejos de ser eso que la alcaldesa Claudia López insiste en mal llamar Renta Básica. Los datos muestran que en Bogotá para 2020 entraron a condición de pobreza monetaria y pobreza extrema 1.874.979 personas, alcanzando un total de 4.466.421 habitantes en esta condición, concentrando la capital más del 30% de las personas pobres a nivel nacional, experimentando situaciones como que mientras en marzo de 2020 el 85,2% de las familias consumían 3 comidas diarias ahora solo el 63,8% lo hacen [5].
Entonces, esto genera dudas tales como ¿En realidad considera la administración que este monto del IMG ayuda a generar un impacto y mitigar el hambre en la ciudad? ¿Cuál es la modificación profunda de las políticas sociales del Distrito para atender la crisis? ¿Es Bogotá la ciudad cuidadora que en el marco de la pandemia ha hecho todo por expandir la protección social y defender los derechos humanos alrededor del acceso a los mínimos vitales? No hay que engañar a la ciudadanía con promesas que no serán cumplidas y mucho menos utilizar conceptos que no se ajustan a la realidad. Por más que insista la alcaldesa, en Bogotá la Renta Básica no existe.
- Seminario internacional: Renta básica y distribución de la riqueza. México. Senado de la Republica. 19 a 26 de abril de 2016. CEPAL. Página 13. ↑
- Seminario internacional: Renta básica y distribución de la riqueza. México. Senado de la Republica. 19 a 26 de abril de 2016. CEPAL. Página 26. ↑
- Presupuesto 2021: https://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/documentos/PRESUPUESTO%202021.pdf. ↑
- Concejo de Bogotá debate de control político Comisión de Hacienda y Crédito Público: INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO. https://www.youtube.com/watch?v=XaBCWuO7baM&t=1s ↑
- Encuesta del Pulso Social DANE. Marzo 2021. ↑
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