La Oficina del Alto Comisionado para la Paz ha exigido a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (clan del Golfo) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) que permitan de inmediato el libre tránsito de personal civil y ayuda humanitaria en el departamento del Chocó. Esta demanda surge debido a que más de nueve mil personas de comunidades negras e indígenas se encuentran desplazadas o confinadas por las operaciones y confrontaciones armadas en la región.
Según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, es crucial que se permita el paso seguro de personal civil y la distribución de ayuda humanitaria en los municipios de Sipí, Nóvita, Istmina y Medio San Juan, ubicados en los ríos Sipí y San Juan. Estas medidas son necesarias para hacer frente a la grave situación que enfrentan estas comunidades debido a la violencia armada.
Asimismo, se ha denunciado el asesinato de José Florencio Hurtado el pasado 2 de julio en la comunidad de Chambacú, perpetrado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Además, se ha hecho mención al paro armado declarado por el Frente de Guerra Occidental del ELN a partir del 4 de julio, lo cual ha agravado aún más la situación, generando escasez de alimentos y necesidades en numerosas comunidades.
Recientemente, se ha informado que una caravana de 20 lanchas, acompañada por personal de las personerías de la región, intentó llevar ayuda humanitaria a las comunidades afectadas en Chambacú y Noanamá. Sin embargo, debido a un enfrentamiento armado en la zona de Bocas del Sipí, la caravana se vio obligada a retroceder sin lograr completar la entrega de la ayuda humanitaria planeada. Además, se ha reportado que una lancha de la Alcaldía de Istmina, que transportaba a los personeros de Istmina y Sipí junto con ayudas para las comunidades, fue detenida y requisada tras recibir un disparo de advertencia.
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz ha expresado su firme condena a estas acciones que impiden el acceso de las víctimas de la violencia a la ayuda humanitaria, lo cual constituye una violación del derecho internacional. Estas medidas profundizan las graves condiciones de exclusión y discriminación que han afectado históricamente a la población del departamento del Chocó.
En este sentido, se reitera la exigencia al ELN de levantar el paro armado y se denuncian las acciones violatorias del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Además, se ha recibido información contrastada sobre posibles omisiones, tolerancia o complicidad de sectores militares con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, así como señalamientos, asesinatos y amenazas por parte de estas últimas hacia la población civil, y presiones y amenazas del ELN hacia candidatos políticos. Estas denuncias están siendo investigadas de manera expedita por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
En conclusión, es imprescindible detener los enfrentamientos y las violaciones al DIH por parte de los grupos armados en la región de los ríos San Juan y Sipí, y se hace un llamado a promover gestos de buena voluntad y construcción de paz. La intervención integral del Estado en el territorio, enmarcada en el enfoque de seguridad humana del Gobierno del presidente Gustavo Petro, es esencial para materializar la paz y garantizar el bienestar de las comunidades afectadas. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz reafirma su compromiso en este proceso.