Editor: Francisco Cristancho R.
El Estado está en obligación de vigilar las condiciones en que se presta el servicio de representar los intereses de un tercero ante la administración de justicia.
Enhorabuena al Consejo Superior de la Judicatura por terminar con éxito la primera cohorte del examen de Estado para abogados.
Muy buena semana para todos. Revisando temas para esta columna encontramos que fueron mínimas –y muy comedidas– las reacciones de los articulistas de la gran prensa al discurso del presidente Petro en la apertura de sesiones legislativas. Pocos ‘opinadores’ repararon en la aceptación de responsabilidad del jefe de Estado por la designación del ahora corrupto confeso Olmedo López, un gesto poderoso e infrecuente tanto de la dignidad de la que proviene como del individuo que lo expresa. A diferencia de quienes se preguntan “¿cuál gobierno del cambio?”, este acto da cuenta del talante demócrata y reflexivo de Gustavo Petro, quien antes de ser presidente sentó un ejemplo de rectitud en su paso por el Congreso y en su gestión como alcalde.
El presidente ha sido claro y enfático, desde la primera publicación referente a la trama corrupta liderada por Olmedo y Sneyder, en que no intervendrá ni como primer mandatario ni como líder político de la izquierda en las averiguaciones que adelantan la Fiscalía y la Corte Suprema, y por el contrario ha asistido en el desarrollo de estas así como ordenado a sus subordinados hacer lo propio. Su mea culpa por el nombramiento de Olmedo, seguido por el reconocimiento de que este personaje pertenecía a la izquierda desde hacía décadas –sin ton ni son y ahora con deshonra– son expresiones tan elocuentes como liberadoras, además de oportunas y sinceras con un electorado que justificadamente puede sentirse decepcionado por el saqueo a la UNGRD.
Estamos expectantes con el inicio de la nueva legislatura y somos optimistas de la agenda legislativa del presidente. En un acto de destreza política –y reconociendo la difícil realidad que vivieron las iniciativas gubernamentales en la pasada legislatura– el gabinete decidió priorizar siete proyectos de ley tendientes a cumplir con lo prometido en campaña, siendo estos la reforma a la salud; la reforma laboral, que entra a segundo debate con mayorías –aunque mutilada por el archivo del capítulo sobre derecho colectivo del trabajo, que esperamos se reintroduzca durante el trámite con los ajustes pertinentes–; la reforma al régimen de servicios públicos con enfoque en los derechos de los usuarios; la regulación y promoción de la pequeña minería formal; la reforma a la justicia; la ley estatutaria de educación y un nuevo enfoque en la inversión del ahorro.
Respecto del único proyecto de acto legislativo priorizado, esperaremos a conocer el texto de la iniciativa, pues sabido es que la “autonomía territorial” no es una estrategia infalible y tampoco necesariamente buena. En lo demás habrá logros y no pocas decepciones, sorpresas y traiciones por decenas, pero este gobierno podrá afirmar, al terminar su periodo y sin temor a equívocos, que puso a trabajar al Congreso y llevó a este foro las discusiones fundamentales para salir del marasmo y del atraso al que nos había condenado la derecha.
-Cambiando de tema- Se conocieron los primeros resultados del examen de Estado que habilita al ejercicio de la profesión de abogado y los resultados, aunque no son los mejores, permitirán a las facultades tomar correctivos en sus procesos de formación y asegurarán a los ciudadanos que tendrán una representación jurídica competente por parte de quienes aprobaron la prueba. Lo anterior se debe a una ley de autoría de Germán y con la continua asesoría del doctor Manuel Restrepo, por medio de la cual la obtención de la tarjeta profesional de abogado pasó de ser un simple trámite a un proceso serio y basado en el mérito.
Tras la entrada en vigencia de la Ley 1905 de 2018, el Consejo Superior de la Judicatura adelanta dos exámenes anuales para que todo graduado en derecho pruebe su conocimiento en los asuntos necesarios para un ejercicio apto de la abogacía. Esta prueba es novedosa en Colombia, pero no en el resto del mundo: conocerán ustedes del examen de la barra en Estados Unidos o de la prueba de acceso a la profesión de la abogacía en España, por mencionar algunos ejemplos.
Aquí el proyecto fue muy criticado, al punto de calificarlo como “limitación” para el ejercicio profesional y demandarlo por inconstitucional sin éxito. La razón principal de esta oposición, aunque la menos expresada, fue la información que ofrecería respecto de la calidad en la formación de las facultades de Derecho y que podría hacerse del dominio público, lo cual puso a temblar a más de una universidad. Desde esta tribuna felicitamos a los abogados que aprobaron el examen y quienes en cuestión de semanas recibirán su merecida habilitación para el ejercicio de la profesión, misma que da fe de su idoneidad.
Hasta la próxima semana.