Las objeciones a la Justicia Especial para la Paz (JEP) no son el único obstáculo que el gobierno nacional pone a los acuerdos de paz con las FARC. Por medio del Plan Nacional de Desarrollo (PND) e iniciativas legislativas de su bancada pretende introducir varias modificaciones que pueden afectar el cumplimiento de los acuerdos.
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En el PND, por ejemplo, puede haber un incumplimiento de los acuerdos al no disponer de recursos adicionales a las inversiones ya programadas por entidades públicas. Según el Quinto Informe de Verificación de la Implementación del Acuerdo Final de Paz “los recursos dispuestos en el Plan Plurianual de Inversiones para la Paz (37,1 billones) no corresponden a recursos adicionales“. En el PND no se especifica en el presupuesto el componente para la implementación del acuerdo final. Además, se recortó el presupuesto para el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición.
En este plan del gobierno se habla de la creación de Zonas Estratégicas de Intervención Integral y Zonas de legalidad, emprendimiento y legalidad a cargo del Consejo de Seguridad Nacional. Estas zonas pueden ser creadas donde se desarrollen programas del acuerdo de paz por lo que modifica la esencia de los acuerdos. “La visión de seguridad nacional, no coincide necesariamente con las visiones de desarrollo de las comunidades” de acuerdo con el informe.
Igualmente, en el PND no se habla de formalizar las 7 millones de hectáreas de pequeña y mediana propiedad que se acordaron en el proceso de paz. La meta para formalización de tierras se propone en títulos y no en hectáreas por lo que no es posible medir el cumplimiento del acuerdo. Tampoco se habla de la creación o fortalecimiento de las Zonas de Reservas Campesinas, del fomento a la economía solidaria rural o del desarrollo social rural, entre otros.
También es preocupante, de acuerdo con el informe que en el PND no existen metas ni indicadores que permitan medir el cumplimiento de los acuerdos sobre acceso y formalización de tierras o reincorporación económica de los excombatientes. Y en general, de ningún programa o proyecto del acuerdo final. Igualmente, no está la reforma a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras como fue pactado en el acuerdo
final.
Otro cambio que establecería el PND es el destino de los bienes y activos no inventariados por las FARC. Según el plan estos bienes pasarían al Fondo de Víctimas establecido por la ley 1448 de 2011. Muy diferente al acuerdo final que establece que la JEP los destine al Fondo de Víctimas establecido por el Decreto Ley 903 de 2017.
Por otra parte, en el Congreso se aprobó la reforma política al finalizar el 2018 que en vez de promover las listas cerradas y de estar en sintonía con el acuerdo final benefició a los congresista al otorgarles 20% del presupuesto nacional y modificar el régimen de incompatibilidades. Asimismo, están los proyectos de ley que van en contra vía del acuerdo final. Como el presentado por María Fernanda Cabal que pretende modificar los criterios y procedimientos de restitución de tierras.
Además, en el Congreso se han unido iniciativas que buscaban la implementación de los acuerdos. El proyecto de ley que creaba 16 Circunscripciones transitorias especiales de PAZ fue archivado después que la bancada del Centro Democrático se retirara del recinto. Según el informe este es un incumplimiento del acuerdo final. Adicionalmente, no se han discutido leyes sobre reforma rural integral o para diferenciar pequeños y medianos cultivadores de plantas ilícitas; tampoco el proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Plan Nacional de Desarrollo.