A través de un comunicado de prensa el Partido Político FARC junto a los familiares de varios reclusos denunciaron la responsabilidad del Gobierno Nacional por los traslados arbitrarios y otros actos que ponen en riesgo la salud e integridad física de presos políticos ante la pandemia del coronavirus Covid – 19.
Según lo denunciado por el boletín de prensa varios firmantes de la paz que cumplen sentencias en la Cárcel La Picota fueron sustraídos de forma violenta de sus celdas hacía otros patios o penitenciarias del país sin que sus familiares tengan conocimiento de su paradero actual.
Otro caso de violación a los Humanos que se suman a la masacre que se presentó en la Cárcel La Modelo que dejó 23 personas muertas más de 90 heridos, está la situación que afrontan los reclusos del centro penitenciario de Cúcuta, allí denuncian respuestas violentas por parte de los agentes del INPEC y del ESMAD ante las peticiones de adecuaciones sanitarias y de salud para prevenir el contagio de Covid -19.
Dentro de los prisioneros se encuentran mujeres embarazadas y lactantes; personas mayores de 60 años, diagnosticados con enfermedades crónicas y terminales las cuales no están recibiendo el aislamiento preventivo ni el suministro de medicamentos.
Cuarto de Hora conoció el caso de Ángel Parra, Preso político de FARC, diagnosticado con Leucemia Mieloide Crónica quien, tras más de 20 años en prisión, el pasado 24 de marzo fue trasladado de manera improcedente de la cárcel La Picota – Bogotá a la cárcel de Picaleña – Coiba, lugar que no cuenta con las condiciones mínimas de salubridad y agua potable acorde a su grave condición de salud.
Dentro de las peticiones extendidas al Ministerio de Justicia, la Rama Judicial, jueces de ejecución de pena, fiscalía, entre otros organismos de control están que se ejecute la declaratoria del Estado de emergencia carcelaria concretada en: la concesión de las libertades domiciliarias, condicionales, beneficios administrativos como el permiso de hasta 72 horas, libertad plena a las personas vulnerables, adultos mayores, enfermos terminales, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, discapacitados; como lo establece la Ley 1709 del 20 de enero de 2014.
Por su parte, la Sala de Amnistía e Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP- manifestó que en la mayoría de los casos ya se tomó una decisión de fondo sobre alguno de los beneficios solicitados. Sin embargó, señaló que respecto de aquellos aún pendientes de decisión definitiva no les es posible establecer un plan de emergencia que los gestione con rapidez debido a que dependen de remisiones de otras autoridades las cuales están detenidas por la suspensión de términos como consecuencia de la situación de salud pública en el país.
Ante la situación el Partido FARC hizo un llamado a la Comunidad Internacional como garantes del Acuerdo de Paz y a todas las organizaciones no gubernamentales para que vigilen y le exijan al Estado colombiano garantías de seguridad y protección para el respeto de los Derechos Humanos y garantías fundamentales contra las decisiones arbitrarias.