jueves, noviembre 14

El desafío de replicar en Colombia los procesos político-sociales de Chile y Bolivia

Por: Berenice Bedoya Pérez

La lección que en las últimas dos semanas han dado los pueblos de Chile y Bolivia con sus procesos electorales y de movilización social tanto para determinar el esquema de lo que será su Asamblea Constituyente como para escoger a su nuevo mandatario, respectivamente, es en esencia que, si se apuesta por la organización de base para impulsar proyectos políticos que benefician fundamentalmente a la gente más sencilla, más necesitada, hay una contundente respuesta positiva en las urnas. Habrá, como en todo proceso político, problemas, dificultades, contratiempos, pero es una apuesta que va con el sentido de la historia por cuanto responde a los anhelos del grueso de la población, excluida y marginada por un modelo económico que privilegia solo a los sectores más pudientes de la sociedad, al capital financiero, en detrimento de los derechos sociales.

Los chilenos hartos de un esquema político-económico antidemocrático que oprime y pauperiza sus vidas, determinaron a través de la movilización social forzar un proceso constituyente que garantice una amplia participación ciudadana para cambiar ese modelo económico (conocido con el nombre de neoliberal) que mercantilizó la vida y privatizó todo, hasta las fuentes de agua, y de esta manera, proyectar la posibilidad de tener un futuro cierto en que el acceso a educación, salud, vivienda, seguridad alimentaria, cultura, no sea un lujo para unos pocos, sino un derecho para todos garantizado por el Estado. Para ello, se escogió la vía de la convocatoria de una Constituyente en la que por primera vez, y es una experiencia inédita, habrá paridad de género. Es decir, estará conformada 50% por mujeres, y 50% por hombres.

Ente tanto en Bolivia, sus grandes mayorías de manera arrolladora frenaron en las urnas el intento de la dictadura entronizada hace un año, de someter al país a los intereses del gran capital y las transnacionales, echando por la borda las políticas de hondo calado social y crecimiento económico que han sido ejemplo para América Latina. Son alentadores para la región, proyectos políticos en los que se privilegian la dignidad humana y la construcción de democracia a partir de la garantía de los derechos fundamentales como los que vienen irrumpiendo y han antecedido a lo que acaba de pasar en Chile y Bolivia, como es el caso de los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador en México y Alberto Fernández en Argentina, quienes están comprometidos en reorientar a sus países por la senda de priorizar al ser humano y que la economía sea un instrumento para su cabal realización, y no al revés como ocurre, infortunadamente, en buena parte del mundo.

Enhorabuena, Colombia, no obstante su crítica y dolorosa realidad, está intentando replicar las experiencias de estos países latinoamericanos para salir de su estado de postración a la que han sometido sus clases dominantes tradicionales, mediante la organización social y la movilización. Una grata expresión de ello fue la capacidad de acción de la Minga del Suroccidente que recientemente se dirigió tanto a Cali como a Bogotá para que sean escuchados sus requerimientos. Quedó demostrado que el poder moral y político de la Minga indígena, afro, campesina y popular está en la Vida que defiende, con un mensaje potente que ha sido amplificado al país y al mundo. Al mismo tiempo hay otras interesantes expresiones como los feminismos que pregonan la sociedad del cuidado; los movimientos de las letras y las artes que denuncian lo inaceptable, alimentan la creatividad humana para hacer posible el Buen vivir.

De esta manera, los sectores sociales, políticos y alternativos en Colombia, vienen empeñados al igual que lo que está sucediendo en Chile, Bolivia, México y Argentina, en consolidar un poder moral para garantizar la vida digna a partir de obtener poder político para hacer realidad las profundas reformas socioeconómicas tantas veces aplazadas. Gracias a estos procesos se ha generado conciencia en cuanto a que, definitivamente, el futuro debe estar sustentado en la justicia social.

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