Por: Victoria Sandino, senadora de la República y firmante del Acuerdo de Paz
En marzo del 2020 se declaró en Colombia la emergencia sanitaria a causa de la pandemia del COVID-19. Creo que en ese momento nadie en el mundo habría podido predecir la catástrofe y el cambio radical que todo esto produciría en nuestras vidas. Empezamos a ver cómo las redes de solidaridad y apoyo se extendieron por el planeta mientras mercados enteros, que dependían del proceso de globalización comercial, empezaban a colapsar. El mundo se debió haber dado cuenta que, en caso de una crisis, es el cuidado, la ternura, la solidaridad, las redes, lo colectivo, lo que salvará al mundo.
El pasado 26 de octubre de 2021, elaboré junto con la Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado, un debate de control político en la Comisión Séptima del Senado, ante la dilación en la implementación de la Ley 1413 de 2010, aquella que establece la inclusión de la economía del cuidado en el sistema de cuentas nacional y en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
Constatamos que el actual Gobierno de Duque no ha hecho avances significativos en la implementación del Sistema Nacional de Cuidados que lleva 11 años de retraso. El Plan de Desarrollo tiene apenas una línea en referencia al cuidado con un enfoque mercantil y familiarista reforzando el papel de las mujeres en dichas labores.
Sumando a lo anterior, las propuestas se remiten a la profesionalización de las mujeres como cuidadoras, es decir, mano de obra barata sin garantías laborales, en programas asistencialistas sin enfoques de derechos, y sin que hayamos logrado entender que las labores del cuidado deben ser parte de una política pública amplia con participación de toda la sociedad y del Estado. El enfoque se restringe aún a aquellas labores de cuidado ejecutadas sobre personas con discapacidad, infancia y personas mayores, pero el enorme trabajo de cuidado doméstico sigue abandonado ante los ojos del Estado colombiano.
La tendencia sigue siendo la de la focalización hacia las mujeres pobres y vulnerables, enfoque que ha demostrado pocos efectos en la reactivación económica y menos, en la capacidad de que estas mujeres superen su condición de pobreza. El cuidado sigue siendo una labor feminizada con un tratamiento de segunda para los gobiernos en Colombia, es decir, el cuidado sigue siendo concebido desde un enfoque patriarcal.
La sobrecarga sobre las mujeres ha sido aún mayor en la pandemia. Actualmente ellas dedican más del doble del tiempo al trabajo de cuidado no remunerado que los hombres. Entre enero y abril del 2021, el 90,8% de las mujeres, a partir de los diez años, participaron en actividades de cuidado no remunerado según la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo Libre (ENUT).
El trabajo de cuidado no remunerado aporta significativamente a la economía del país según los datos tomados por la Cuenta Satélite de Economía del Cuidado y agregados económicos, el trabajo de cuidado no remunerado representa el 20% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, frente a otras actividades económicas como el comercio al por mayor (17,5%), Administración pública, defensa, educación y salud (14,6%) o Industrias y manufacturas (11,9%).
Las personas que se dedican a las labores de cuidado tienen menores oportunidades educativas, laborales, de acceso a la cultura, al deporte, a la autonomía sobre el tiempo libre y a la autonomía sobre el manejo de sus ingresos. Todo lo anterior profundiza aún más la brecha de inequidad que existe entre hombres y mujeres. La situación es más grave aún para el caso de las mujeres rurales.
Sobre este aspecto, el punto 1 del Acuerdo de Paz y el enfoque de género del mismo, dispuso el reconocimiento de la economía del cuidado como elemento fundamental para disminuir las brechas de desigualdad entre el campo y la ciudad. Para tal fin, establece las condiciones de buen vivir a través del acceso y formalización de la tierra para las mujeres, el acceso y acompañamiento en los proyectos productivos, así como otras medidas de carácter redistributivo para garantizar que ellas puedan llevar adelante de manera individual y colectiva sus proyectos de vida más allá del hogar, propiciando su autonomía económica y política, distribuyendo las responsabilidades del cuidado en lo público y privado (esto incluyendo los trabajos realizados en el hogar), y destinando, tanto en el campo como en la ciudad, recursos para servicios de infraestructura del cuidado de calidad.
Estoy convencida de que tendríamos sociedades completamente transformadas, si lo que ordenara nuestra vida en colectivo fuera el cuidado de sí, el cuidado de otros, el cuidado del Estado hacia sus ciudadanos y ciudadanas, no como una labor de las mujeres, sino como un principio que rija y transforme la estructura de las instituciones de gobierno, las relaciones económicas, los tabúes culturales y sociales y los roles de género impuestos desde el patriarcado y el capitalismo.