Por: Jaime Gómez
Marzo, abril y mayo se han convertido en meses marcados por un halo especial, sinónimo de premonición. Han sido muchxs lxs luchadorxs, activistas y líderes sociales que han caído asesinadxs en estos meses. Desde aquel 9 de abril de 1948 cuando cayó asesinado Gaitán, pasando por Jaime Bateman, Afranio Parra, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro y luchadores por los derechos humanos como Eduardo Umaña Mendoza o los activistas asesinados en el paro nacional que empezó el 28 de abril del año anterior, solo para citar algunos casos.
La reciente declaración de General Zapateiro que hizo a finales del mes de abril retoma ese hilo mórdido que se resume en la idea de constreñir al contrincante ideológico mediante la amenaza de usar las armas para acallarlx. Esa declaración es en extremo grave, porque además de ser ilegal, se hace en un contexto electoral en donde el candidato que encabeza las encuestas es aquel que cuestiona, de manera contundente, el quehacer político de los partidos que han sustentado el poder en los últimos años en Colombia.
No es casual que este general se haya pronunciado de esta manera, semanas después que el expresidente Álvaro Uribe Vélez sostuvo una muy comentada reunión con militares retirados asociados en Acore, en una finca de su propiedad. Tampoco es una casualidad que el presidente Duque, en lugar de criticar este pronunciamiento inconstitucional del comandante del Ejército Nacional haya salido a respaldarlo y en la práctica haya convalidado de manera diáfana lo que es vox populi en el país: el actual gobierno pone a disposición todos sus recursos en apoyo del candidato Federico Gutiérrez, representante de la continuidad de la doctrina de seguridad democrática que encarna las características más claras de un proyecto corrupto, clasista, neoliberal, racista y profundamente patriarcal. Los resultados de esta política los podemos medir en los miles de colombianos asesinados, desaparecidos y exiliados por la violencia estatal.
Lo que está en juego en este contexto preelectoral, no es solamente la posibilidad de llegar al Palacio de Nariño por parte de alguno de los candidatos. Lo que está en juego son dos concepciones de país, dos propuestas de sociedad: una que propone una visión de construcción de sociedad amplia y participativa, de implementación de una concepción de seguridad humana, de respeto a la naturaleza y a los derechos humanos y con un compromiso real al proceso de paz y otra propuesta de carácter autoritaria, hostil a los derechos de la naturaleza, que no garantiza los derechos humanos, que pretende seguir impulsando una perspectiva económica neoliberal, que no ve la paz como una de sus prioridades y que es profundamente excluyente. Es la democracia enfrentando la antidemocracia.
Pero la violencia no se da solamente en el plano armado. Las cifras del DANE revelan claramente otro tipo de violencia, la económica, asumiéndola en los términos como la define la organización Oxfam: “las decisiones políticas a nivel estructural diseñadas para favorecer a los más ricos y poderosos, lo que perjudica de una manera directa al conjunto de la población y, especialmente, a las personas en mayor situación de pobreza, las mujeres y las niñas, y las personas racializadas”. Entonces tenemos que el 39,3% de la población colombiana vive en la pobreza monetaria y el 12,2% en la pobreza monetaria extrema. ¡Esto quiere decir que al menos 21 millones de colombianos viven en la pobreza y otros 7,4 millones en pobreza extrema!
La corrupción forma parte de ese modelo antidemocrático. Los clanes políticos, esos grupos de poder regionales con intereses políticos, económicos y/o sociales comunes y que ejercen un poder corrupto, en donde el ejercicio del paramilitarismo es una de las variables son ejes fundamentales de la corrupción. Con los dineros que roban de las arcas estatales, fortalecen su poder y lo vuelven mas robusto. No importa dejar a lxs niñxs sin internet, dejar sin comida a los infantes de las escuelas, dejar a las comunidades sin la posibilidad de sacar sus productos al mercado porque la carretera que era necesaria para hacerlo nunca se construyó a pesar de existir el dinero en el presupuesto, o quebrar las EPS sin importar que esto comprometa la vida misma de muchos pacientes. Mejor dicho, esos clanes corruptos, que haciendo gala de un cinismo infinito, se asumen como intocables y con triquiñuelas y “jugaditas” se toman los entes de control estatal para garantizar impunidad perpetua y continuar “prometiendo escuelas y puentes donde no hay río” como decían Garzón y Collazos.
Y si la paciencia de la ciudadanía afectada se acaba, el ejército o la policía a través del Esmad aplican la violencia represiva estatal. Pero también recurren a la violencia paramilitar, como instrumento para garantizarle a las mafias del narcotráfico dominio territorial, al mismo tiempo que acallan a los lideres que osan protestar en un país que cada cuatro años va a elecciones y por ello se le denomina democrático. Las élites corruptas aplican la verdadera combinación de todas las formas de lucha para conservar el poder.
Esa es la radiografía del país que se encuentra en manos de una minoría antidemocrática, en donde el modelo neoliberal y el de seguridad democrática se han agotado. Ambos modelos auspiciadores de violencia, que responde a la reproducción de una estructura corrupta, patriarcal y racista.
Así las cosas, el cambio surge como una necesidad, no como un capricho de una persona. La meta está definida y es la construcción de democracia participativa. El cómo, está sobre el tapete: los miles y miles de reclamos-propuestas que las comunidades durante décadas han construido a golpes de bolillo y altas dosis de represión. ¿Con quienes? Con lxs excluidxs, con las organizaciones populares, sindicales, feministas, afrocolombianxs, pueblos ancestrales, grupos LGTBQ+. Como bien lo dice la activista del medio ambiente, luchadora, feminista y candidata a la vicepresidencia Francia Márquez, ¡con los Nadies de este país!
¡El cambio es ahora! Mañana puede ser tarde. Hasta que la Dignidad se haga costumbre.
Jaime Gómez, analista internacional y vocero en asuntos de política internacional del partido Iniciativa feminista de Suecia