Editor: Francisco Cristancho R.
La semana que terminó, como los buenos cocteles, estuvo agitada. Hubo algunas cosas simpáticas, eso sí: nos contaron que allegados del expresidente Uribe preparaban una suerte de última cena en la víspera del inicio del juicio en su contra. Los planes se vieron frustrados no por el aplazamiento concedido por la juez a cargo, sino porque al averiguar por los doce apóstoles para obtener su RSVP los hallaron privados de la libertad y a la espera de que se les una su mesías.
A los colombianos ya nada debería sorprendernos. La crisis en el suministro de agua por la que atravesamos estaba anunciada, al menos, desde 2019 según actas de reuniones del Acueducto de Bogotá y de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. El problema, sin embargo, viene desde hace décadas y es consecuencia directa –así haya quienes pretendan obviar la relación causal– del uso y del abuso de los recursos naturales y de la misma superficie, que a su turno han gestado el incremento general de la temperatura, la destrucción de ecosistemas, la desecación de fuentes de agua y los cada vez más frecuentes eventos de clima extremo.
El sol que los bogotanos antes añorábamos y que era motivo de celebración entre semanas de nubarrones ahora nos resulta insoportable, no tanto porque nos queme o acalore, sino porque nos recuerda con su presencia ininterrumpida que tenemos un problema serio que no se resolverá con cortes de agua, como pretende el haragán que administra el Distrito.
Llama la atención que, dadas las condiciones de bajo abastecimiento y los temores de perder la poca agua embalsada, las autoridades locales y departamentales no estén considerando la suspensión o al menos la imposición de restricciones –como las que a la fecha rigen para las viviendas– a la capacidad de recolección y aprovechamiento de fuentes de agua en la región Bogotá-Cundinamarca en ejecución de las concesiones y licencias otorgadas a particulares, actividad que es perfectamente lícita y que en circunstancias normales no debería ser intervenida, pero que vista la tesitura actual tiene que ser objeto de control, bien por los concedentes o licenciatarios, por las autoridades ambientales o, en últimas, por el gobierno nacional.
Se prevé que las lluvias volverán al terminar este mes y con ello se disiparán los temores y los regaños del alcalde por no reducir el consumo a un nivel imposible de cumplir, pero el problema continuará agravándose entre actas, informes y conceptos que el alcalde jamás llegará a leer por tratarse de una situación en todo inconveniente para él. Y aunque es cierto que el asunto es una verdadera ‘papa caliente’, para el señor Galán puede ser inflamable.
Superar para siempre esta sequía precisa de cambios profundos en el aprovechamiento de los bienes públicos, en la protección de la estructura ecológica principal de la ciudad, en la administración de los recursos naturales y, particularmente, en el ordenamiento territorial y en la destinación de los apetecidos predios situados en los bordes de la ciudad (contenidos, hasta la fecha, por el río Bogotá al occidente; por la reserva de los cerros al oriente y por la maltratada reserva Thomas van der Hammen al norte), cuestiones que interesan como pocas a los amigos del alcalde.
Para entender las dimensiones del conflicto en el que se encontraría el alcalde hay que ir tras el dinero, fuente confiable de verdad. Una investigación de La Silla Vacía sustentada en el reporte de donaciones a la campaña de Carlos Fernando Galán revela que el 66% de sus ingresos fueron aportes, a guisa de regalo, por parte de grandes empresas involucradas en el negocio de la construcción como el Grupo Santo Domingo, el Grupo Colpatria y el Grupo Bolívar. La plata de las constructoras no entró únicamente a la campaña del alcalde, también financió el salario de su hermano –presidente del Nuevo Liberalismo– y los demás gastos operativos del partido al que el Grupo Colpatria donó 250 millones en 2023.
Afectar los intereses de estos generosos mecenas puede alejarlos para siempre y esa es una realidad con la que el joven Carlos Fernando difícilmente podría vivir, pues conocidas son sus aspiraciones y las de su familia. Deseamos que esta encrucijada se resuelva en favor del interés general, aunque este no haya tenido buena suerte en la presente administración distrital.
Adenda: una jugada inesperada del presidente Petro habría desarmado e inhabilitado la trinca montada por Vargas Lleras. Aunque el candidato ternado por el presidente no es de nuestra confianza, es apenas razonable la decisión de optar por un tercero con agenda propia y distinta a la de la clase política representada por los señores Varón y Henao.
Adenda dos: cuánto silencio el de El Tiempo respecto de los abusos perpetrados por uniformados contra manifestantes en el peaje de Papiros, jurisdicción del municipio de Puerto Colombia. ¿Acaso un hecho deja de ser de interés público cuando se trata del mercado de Corficolombiana? Al tiempo que no gasta tinta en informar de la reacción bestial de la fuerza pública contra ciudadanos inermes que se oponen, con justificada razón, a la imposición del peaje en esta zona, El Tiempo dedica una página completa de su edición sabatina para entrevistar a Juan Martín Caicedo Ferrer, un consentido de la junta directiva del Grupo Aval y presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, quien se deshace en su rechazo a la movilización social y a cualquier expresión de oposición a las iniciativas de las empresas que, muy cumplidamente, pagan año a año la cuota de afiliación al gremio que preside y del que cobrará un generoso salario.
Pregunta: ¿tiene alguna justificación el uso de “clan” al designar al Clan del Golfo? ¿O se debe, como anticipamos, a la repetición de la repetidera por parte de algunos comunicadores que no reflexionan siquiera en el lenguaje que emplean?