sábado, julio 20

Diez congresistas de la oposición podrían perder su curul en el Congreso por aportar a la “Vaca” para Vías 4G en Antioquia

El Consejo de Estado ha citado a diez congresistas de la oposición a una audiencia el próximo 19 de junio para abordar la posible pérdida de sus investiduras. Esta decisión surge a raíz de una denuncia que alega que estos legisladores violaron el régimen de inhabilidades al donar dinero a una iniciativa impulsada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destinada a financiar las vías 4G del departamento.

Se trata de los senadores Miguel Uribe Turbay, Paloma Susana Valencia Laserna, Esteban Quintero Cardona, Andrés Felipe Guerra Hoyos, Paola Andrea Holguín Moreno y María Fernanda Cabal Molina, junto con los representantes a la Cámara Juan Fernando Espinal Ramírez, Hernán Darío Cadavid Martínez, John Jairo Berrio López y Julián Peinado Ramírez. La denuncia fue presentada por Carlos Mario Patiño, quien sostiene que los legisladores podrían haber incurrido en una inhabilidad al donar a la “vaca” para las vías de Antioquia, violando el artículo 180-2 de la Constitución, que prohíbe a los congresistas celebrar contratos con entidades públicas.

El magistrado César Palomino Cortés, encargado del caso, ha citado a los congresistas a una audiencia pública para los alegatos finales del proceso, declarando concluida la etapa probatoria y negando las solicitudes adicionales de los abogados defensores por considerarlas innecesarias.

En su defensa, los congresistas han argumentado que las donaciones no constituyen contratos estatales. Johana Echeverry, asesora jurídica del representante Julián Peinado, declaró que su análisis concluyó que la donación no infringía el régimen de incompatibilidades e inhabilidades, comparando el aporte con la compra de tiquetes por Satena o el pago de peajes, actividades permitidas para funcionarios públicos.

Oscar Marín, subsecretario de Hacienda de Antioquia, testificó que los aportes no han sido incorporados al presupuesto departamental y que cualquier persona puede retractarse y solicitar la devolución de su donación. Esto, según Marín, significa que no se han aceptado las donaciones formalmente, por lo que no se ha generado ningún movimiento presupuestal.

Recordemos que la “vaca”, lanzada el 22 de marzo, ha generado controversia desde su inicio, no solo por las dudas sobre la legalidad de las donaciones, sino también por la falta de mecanismos claros para verificar su procedencia. El Consejo de Estado deberá determinar si los congresistas incurrieron en inhabilidad, lo que podría llevar a la pérdida de sus curules.

En medio de la polémica, el gobernador Rendón ha prometido devolver las donaciones, una medida que podría influir en el desenlace del caso. Sin embargo, la decisión final del Consejo de Estado será crucial para establecer un precedente sobre la interpretación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades en el contexto de aportes a iniciativas públicas.

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