Por Mayra Lopez Duarte
El Consejo de Política Criminal emitió un nuevo concepto favorable para el nuevo proyecto de Ley que busca imponer cadena perpetua para los violadores de niños.
El Consejo determinó que los violadores y asesinos de niños deben ser condenados a cadena perpetua, argumentando que esta ley no atenta con ningún tratado internacional, pues no existe una prohibición expresa a este tipo de penas.
Se conoció en detalle el concepto desarrollado los días 20 y 27 de agosto, donde se adelantó el proyecto de Acto Legislativo número 1 del 2019 en Cámara, que también se acumuló con el proyecto 047 de 2019, para obtener una nueva ley para las personas que cometan crímenes contra los niños y violen la protección del mismo.
Este Consejo Superior de Política Criminal se integra de la siguiente manera: el presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el Fiscal General, el Ministro de Educación, el Procurador General, el Defensor del Pueblo, el director de la Policía y el director de la Dirección Nacional de Inteligencia, el director del ICBF y seis congresistas.
Los argumentos son que hace más de cinco meses el Consejo había emitido unos conceptos desfavorables al proyecto de ley que va en curso, donde se debe tener en cuenta que, tiene altos riesgos de inconstitucionalidad, pues existe una prohibición a penas inhumanas y degradantes.
Por lo que esta ley podría ahondar en un gran debate, ya que se debe tener en cuenta que “constituye un trato cruel, inhumano o degradante, prohibido en la Constitución”, por este motivo no se llegó a ningún acuerdo hace cinco meses atrás.
Los miembros que se opusieron a la ley resaltaron que en Colombia ya hay penas suficientemente altas para condenar este tipo de crímenes que van de los 18 años hasta 60 años de cárcel, uno de los objetivos del Consejo de Política Criminal, es buscar una política coherente y articulada.
Por esta razón, el Consejo llegó a un punto neutro donde solicitará votación, teniendo en cuenta cada una de las objeciones que defiende cada parte; cabe recordar que los derechos de los niños priman en la Constitución.