La violencia en el departamento del Chocó no da tregua por parte de los diferentes grupos armados que habitan en el territorio, días difíciles se vuelven cotidianos en estos espacios donde la población vive entre el miedo y la zozobra.
Y no es para menos pues por un lado las recientes tomas del ELN luego de decretar el paro armado a nivel nacional, produjeron específicamente en esta zona, que se cancelaran viajes, se vaciaran lanchas y canoas y se aceptara el confinamiento por varios días
Por otro lado tienen al Clan del Golfo, este grupo armado irrumpió en las últimas semanas el Medio y Bajo San Juan tras golpes sucesivos del Ejército contra el Eln en la zona. De acuerdo con El Espectador, dicha ofensiva ha provocado desplazamientos y confinamientos masivos, mientras tanto, Iglesia, comunidades y autoridades locales denuncian presunta omisión de la Fuerza Pública para combatir a los paramilitares.
Como si esto no fuera suficiente, las consecuencias catastróficas que dejan estos enfrentamientos incluyen una amenaza para la seguridad alimentaria de los chocoanos, pues tal como lo explicó una líder del Chocó, poblaciones enteras están sin alimentos y se encarecen los productos que alcanzan a llegar. “Sube el transporte por las vacunas (extorsiones) y por las dificultades de llegar a los territorios y entonces se disparan todos los productos de la canasta familiar”, expuso la líder
En medio de la difícil confrontación líderes religiosos insisten en una reunión de alto nivel con el Gobierno Nacional, sin estigmatizaciones, recordemos que aunque ya se había pactado un encuentro entre líderes y gobernantes, el ministro del interior, Daniel Palacios, señaló de “extravagantes” las denuncias de los obispos, por lo que la posible reunión fue cancelada desde el Chocó
Pese a la negativa del ministro del interior las cifras sí revelan que la situación del departamento es definitivamente preocupante. Mientras la Defensoría del Pueblo ha alertado desde hace meses que el 72 % de la población chocoana está en riesgo, La Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios ha registrado confinamientos en Bojayá de 2.326 indígenas y en el municipio de Bajo Baudó de 1.077.
Sumado a esto, varios líderes señalan que hay una complicidad entre los grupos armados y la gran mayoría de instituciones estatales argumentando que “el Gobierno Nacional rechazó la mayoría de las medidas de protección colectiva solicitadas” y “ha incumplido las medidas cautelares del Juzgado de Restitución de Tierras de Quibdó” como lo dio a conocer El Espectador.