
Este jueves, cinco miembros de la estructura 33 del Bloque Magdalena Medio de las disidencias de las Farc se entregaron a las autoridades en la región del Catatumbo, Norte de Santander, marcada por una grave crisis humanitaria debido a los enfrentamientos entre diversos grupos armados ilegales. Esta acción se suma a la entrega de 14 disidentes realizada el 21 de enero, lo que refleja el impacto del conflicto en esta zona fronteriza con Venezuela.
La región del Catatumbo, tradicionalmente afectada por la violencia vinculada al narcotráfico y a los cultivos de coca, ha sido escenario de intensos combates entre las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Desde la segunda quincena de enero, estos enfrentamientos han aumentado, lo que ha generado una crisis humanitaria con numerosos desplazados y víctimas. En este contexto, los recientes combates han sido calificados por el presidente Gustavo Petro como “crímenes de guerra”, lo que llevó a la suspensión de los diálogos de paz con el ELN.
Las entregas de disidentes a las fuerzas armadas son parte de un esfuerzo por restaurar el orden y generar condiciones para el sometimiento a la justicia de los combatientes ilegales. Los cinco disidentes que se entregaron el 23 de enero, al igual que los 14 anteriores, buscaron refugio en unidades militares, entregando material de guerra y comunicaciones. Además, entre los entregados hay un menor de edad, quien fue transferido a las autoridades competentes para el restablecimiento de sus derechos. Las autoridades también han destacado que el número de entregas sigue aumentando, con un total de 22 disidentes de las Farc entregados en la región desde el 16 de enero.
El conflicto armado entre el ELN y las disidencias de las Farc en el Catatumbo ha intensificado la violencia en la región, debido al control que ambos grupos buscan ejercer sobre las rutas de narcotráfico y los cultivos de coca. La ONG Insight Crime ha señalado que, desde la desmovilización de las Farc en 2016, el ELN ha expandido su presencia, especialmente en áreas fronterizas como el Catatumbo, y ahora se enfrenta a la resistencia del Frente 33 de las disidencias, el cual mantiene una fuerte influencia en la zona.
La escalada de violencia ha tenido un costo humano significativo. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, 41 cadáveres han sido registrados en la región del Catatumbo, y varios de ellos corresponden a menores de edad. Este contexto de violencia también ha generado un desplazamiento masivo de civiles que huyen de los combates, lo que agrava la situación en una zona ya afectada por la pobreza y la falta de infraestructura.
Ante la grave situación, el gobierno colombiano ha incrementado el despliegue de fuerzas especiales en la región para contener la violencia y proteger a la población civil. El Ejército Nacional ha señalado que el objetivo principal es salvaguardar la vida de los habitantes del Catatumbo, pero también ha hecho un llamado a los integrantes de los grupos armados para que abandonen las filas y se reintegren a la vida civil, advirtiendo que de no hacerlo, su futuro será incierto, ya que enfrentan la posibilidad de ser capturados o perder la vida en el conflicto.