La Corte Constitucional decidió tumbar dos artículos del decreto 476 del 2020, que flexibilizaban los requisitos y trámites para adquirir, comercializar, importar o donar elementos y medicinas para garantizar la prevención, diagnóstico y tratamiento del COVID-19.
La decisión se tomó por 5 votos contra 4 al considerar que esas facultades, emitidas en el marco del Estado de Emergencia por la pandemia, eran inconstitucionales. No obstante, la Sala decidió que los efectos de esta decisión solo empezarán a regir dentro de tres meses.
La razón del Alto Tribunal tumbó dos de los cuatro artículos del decreto 476, es porque consideró que no se puede autorizar de manera general, ni por decreto legislativo, cambiar, suspender o derogar normas de rango legal.
“La exclusión inmediata de esos artículos del ordenamiento podría tener efectos contrarios al principio de seguridad jurídica. Lo anterior, en la medida en que, con fundamento en esas disposiciones, el Ministerio de Salud ha dictado actos administrativos relacionados con las facultades allí concedidas y el Invima ha adelantado algunas de las actuaciones autorizadas en la norma de excepción”, explicó la Corte en un comunicado.
Así las cosas, el primer artículo que tumbó la Corte es el que le otorgaba facultades al Ministerio de Salud y Protección Social para que durante el tiempo de la emergencia social, económica y ecológica se flexibilizaran los requisitos para evaluar las solicitudes de registro sanitario.
El otro artículo que el Alto Tribunal también declaró constitucional, tiene que ver con las facultades que podría otorgar el Invima para tramitar de manera prioritaria registros sanitarios nuevos o permisos de comercialización y renovaciones de medicamentos relacionados con el COVID-19.
Aunque, para el Gobierno Nacional flexibilizar esos trámites sacrificaba controles de calidad y seguridad de bienes sanitarios, pues los hacía menos rígidos, eran necesarios ante el crecimiento rápido y exponencial de la pandemia y los contagiados en el país.