
La Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en Colombia debido a la severa vulneración de los derechos fundamentales de los líderes y defensores de derechos humanos. Esta determinación surgió como respuesta a una acción de tutela presentada por veinte líderes y defensores, quienes buscaban la protección constitucional de sus derechos ante violaciones sistemáticas.
La Corte destacó la falta de concordancia entre los ataques continuos a estos líderes y la respuesta institucional y presupuestal insuficiente para garantizar el respeto y protección de sus derechos. A pesar de contar con esquemas de seguridad, se argumentó que estas medidas son insuficientes por diversas razones, como la persistencia de amenazas y atentados, la falta de enfoque diferencial de género, étnico y territorial en los esquemas de protección, la insuficiencia de algunas medidas para salvaguardar vidas, y la carencia de políticas que eviten la estigmatización sistemática.
La Corte también señaló la necesidad de que la Fiscalía General de la Nación adopte medidas prioritarias, eficaces y adecuadas para investigar amenazas contra esta población. Además, identificó otras causas de vulneración de derechos, como la ausencia de instrumentos o instancias de protección y deficiencias en la organización de recursos humanos y materiales, así como asignaciones presupuestales probablemente insuficientes.
El fallo resaltó la inexistencia de un plan articulado y la falta de voluntad institucional para abordar conjuntamente estas problemáticas, instando a las autoridades a ajustar sus comportamientos para superar las fallas estructurales detectadas.