En las últimas horas la Corte Constitucional le dio la razón a la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y ordenó al exgerente de RTVC, Juan Pablo Bieri, rectificar las afirmaciones realizadas contra esta organización no gubernamental en su cuenta personal de Twitter.
La disputa se generó luego de un presunto acto de censura que habría cometido Bieri Lozano frente al presentador del programa Los Puros Criollos, Santiago Rivas, el cual fue denunciado por la Flip mediante la difusión de la grabación de una reunión de trabajo que tuvo el accionado con algunos de sus colaboradores, en la que dejó claro su descontento con el presentador por haber realizado críticas al Gobierno Nacional en otro medio de comunicación.
Tras ese acontecimiento, Bieri Lozano tuvo que retirarse de la gerencia de RTVC y estando fuera del cargo, escribió varios trinos en los que cuestionaba las
actuaciones de la FLIP relacionadas con su gestión. Según señala la Corte el exgerente acusó a la fundación de editar la grabación, de difundir una grabación ilícita y de ser cómplice de los delitos de injuria y calumnia.
Si bien la fundación le solicitó rectificar dicha información, el exgerente de RTVC guardó silencio, por lo que la organización procedió a una tutela buscando la protección de su buen nombre, mecanismo que hoy se ha resuelto a su favor.
La Sala concluyó que Juan Pablo Bieri adelantó y definió una estrategia de censura en un espacio semiprivado, sin expectativa de privacidad absoluta y esta reunión se apartó del desarrollo de sus funciones.
A su vez, la Corte concluyó que Juan Pablo Bleri Lozano publicó información, a través de una serie de trinos, en defensa de su gestión en RTVC Sistema de Medios Públicos, que no cumplía con los estándares de veracidad e imparcialidad. Con ello, vulneró el derecho al buen nombre de la FLIP, pues la acusó sin ninguna prueba de haber manipulado una grabación, a su juicio ilegal.
Adicionalmente, la Sala estimó necesario proteger la dimensión objetiva de la libertad de prensa al considerar las afirmaciones de Bieri como infundadas, arbitrarias y sin sustento probatorio, situación que “afecta la democracia y los derechos de los periodistas, agravando la difícil situación que enfrentan las y los defensores de derechos humanos en Colombia”.