La Corte Constitucional ha emitido un pronunciamiento crucial en relación con los decretos propuestos por el gobierno del presidente Gustavo Petro para abordar la emergencia económica, social y ecológica en La Guajira. En esta ocasión, el foco de atención estaba en el Decreto Legislativo 1267 de 2023, diseñado para impulsar la reactivación del turismo en el departamento.
Este último decreto se suma a una serie de medidas gubernamentales que han sido objeto de escrutinio por parte del alto tribunal. Desde la declaración de la emergencia en 2023, la Corte ha venido evaluando una serie de decretos emitidos por el gobierno, cuya constitucionalidad ha sido cuestionada.
La decisión de la Corte de declarar la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo 1267 de 2023 tiene efectos inmediatos y constituye el último capítulo en una saga de medidas legales controvertidas. La Sala Plena de la Corte Constitucional argumentó que no había una conexión directa entre este decreto específico y la crisis humanitaria relacionada con la disponibilidad de agua, que fue el foco principal de la declaración de emergencia.
La falta de esta conexión externa llevó a la Corte a concluir que el decreto examinado no estaba justificado dentro del marco de la emergencia declarada. Como resultado, se decidió su inconstitucionalidad, con el objetivo de preservar la seguridad jurídica y el derecho a la confianza legítima de los beneficiarios de las medidas del decreto.
Esta decisión de la Corte Constitucional no solo afecta el decreto específico sobre la reactivación del turismo, sino que también arroja dudas sobre la validez de todo el paquete de decretos emitidos en el contexto de la emergencia en La Guajira. Con esta medida, se plantea un desafío adicional para abordar las complejas problemáticas que enfrenta la región, especialmente en lo que respecta al acceso al agua y la sostenibilidad ambiental.
Así las cosas, la caída de este último decreto representa un revés significativo para las aspiraciones de reactivación económica y turística en La Guajira, mientras que subraya la importancia de garantizar la coherencia y la legalidad en las medidas gubernamentales en tiempos de crisis.