La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra el Alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por presuntos sobrecostos en un contrato firmado para para atender la emergencia por el coronavirus.
Según el contralor Felipe Córdoba, se trata de un “proceso de responsabilidad fiscal por $942.750.372 pesos” contra el alcalde, la Secretaria de Educación Martha Alexandra Agudelo y la asesora jurídica de ese despacho María Patricia Ariza.
El contrato por el que es investigado el alcalde de Medellín, tiene un valor superior a los $7.000 millones, y se había firmado entre la Secretaría de Educación y la Corporación Colombia Avanza el 20 de marzo. Con el fin de suministrar alimentos a estudiantes durante el aislamiento.
“El presunto sobrecosto se evidencia en que el valor del kit alimentario fue de $26.423; al sumar el porcentaje del costo de logística y transporte ascendió a $32.500, y multiplicado por 220.578 kits pactados en contrato, arrojó como valor total $7.168 millones “, aseguró el contralor Córdoba.
La Contraloría acusa estos funcionarios públicos de presuntamente generar o contribuir a la generación del daño patrimonial.