domingo, septiembre 15

Contraloría de Bogotá abre proceso de responsabilidad fiscal contra la presidenta del Grupo Energía de Bogotá

Por Nicolás Gutiérrez

Según hizo conocer la FM en horas de la mañana, la Contraloría Distrital ordenó la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal contra la presidenta del Grupo de Energía de Bogotá, Astrid Álvarez, por reconocer pagos por más de 2040 millones, sin soportes de gastos.

La orden también cobija a la ex vicepresidenta jurídica de la misma empresa, Diana Margarita Vivas y los interventores Alejandro Botero y Mónica Jiménez, sin afectarlas con medidas cautelares.

En una investigación preliminar que llevó a cabo la Contraloría de Bogotá por el contrato que registró el Grupo de Energía de Bogotá (GEB) con la empresa Berkeley Research Group, se encontró irregularidades administrativas al hallar pagos por más de 2040 millones a la empresa BRG, sin los respectivos soportes de gastos.

La gravedad del hecho derivó que la Contraloría compulsará copias del proceso a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General, con el fin de determinar posibles responsabilidades penales y disciplinarias.

Es necesario aclarar que el Distrito Capital participa como accionista en una 65% de la Grupo de Energía de Bogotá. Po tal razón, los recursos manejados por el GEB son públicos y pertenecen a los bogotanos.

La compañía Berkeley Research Group, empresa que suscribió el contrato con la Contraloría de Bogotá, aparece dentro del proceso de investigación por chuzadas ilegales a los pilotos sindicalistas de Avianca, contra el Director General del Grupo Enel en Colombia, Lucio Rubio y contra el abogado Felipe Jaramillo, oponente en un litigio jurídico contra el mismo Grupo de Energía de Bogotá.

En un escrito de acusación de la Fiscalía General de la Nación contra Laude Fernández, ex representante legal de Berkeley Research Group, actualmente preso por el proceso investigativo por las chuzadas ilegales, se confirma que la compañía entregó al Grupo de Energía de Bogotá, un folio identificado como “Caso Eje Cafetero” con información confidencial, sensible Y privada, que beneficiara a la GEB, según revela el escrito de acusación en poder de La FM.

 

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