Se recrudece la ola de violencia contra los líderes sociales y firmantes de la paz en el país.
Este fin de semana fueron asesinadas cuatro personas entre ellas defensores de Derechos Humanos, trabajadores comunitarios y excombatientes de las FARC-EP.
El primer asesinato se registró el 29 de agosto en el corregimiento de Sinaí en el municipio de Argelia, Cauca. Hombres armados arremetieron contra el campesino Jhon Montero quien se desempeñaba como vicepresidente de la Asociación de Padres de Familia de la Institución Educativa de Sinaí.
Ese mismo día, la asociación campesina Coordinador Nacional Agrario CNA-Colombia denunció que, en el municipio de San Pablo Sur de Bolívar, grupos paramilitares habían acabado con la vida de Fernando Gaviria García y la de la lideresa Omaira Alcaraz ‘Cachi’ quienes realizaban labores de liderazgo en la Junta de Acción Comunal de su territorio.
El cuarto asesinato se registró en Puerto Rico, departamento del meta, allí hombres armados cegaron la vida del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Barranco Colorado, Julio César Sogamoso quien también era miembro la Asociación campesina AGROCAFRE.
Aunque el presidente Iván Duque ha señalado como responsables a los grupos dedicados al narcotráfico quienes se disputan los territorios en los que se realiza el cultivo de la hoja de coca. Cabe mencionar, que desde las distintas organizaciones campesinas y defensores de DD.HH. señalan las responsabilidades por parte del Gobierno Nacional quienes a pesar de contar con un alto rubro en el Ministerio de Defensa no se avanza en la prevención de los asesinatos a los líderes y demás miembros de las comunidades, ni en el esclarecimiento de los hechos que den con la captura de los responsables.
Adicionalmente, en los territorios rurales del país se incrementa la preocupación de sus pobladores debido a la política de drogas anunciada por el Gobierno la cual incluye la aspersión con glifosato de los cultivos lo que generará afectaciones al ecosistema y a la salud pública.
Ante la creciente ola de masacres en todo el país, distintas plataformas sociales y políticas han declarado #ColombiaEnAlertaRoja con el fin de emprender movilizaciones que visibilicen la situación de violencia ante organismos internacionales para que medien en la garantía de la vida de los colombianos.