sábado, febrero 15

Consejo Regional Indígena del Cauca denuncia el asesinato de un guardia indígena durante enfrentamientos armados en el territorio

La tensa situación que se vive al suroriente del país no da tregua. El enfrentamiento entre los grupos armados se ha vuelto una constante que tiene en vilo a las poblaciones que conviven en estos territorios, las cuales son principalmente comunidades indígenas y campesinas. Precisamente, este miércoles el Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC, a través de su Programa Defensa de la Vida y los Derechos Humanos, emitió un comunicado en el que denunció los últimos hechos que han agudizado el exterminio físico, cultural y de gobernabilidad de los pueblos originarios.

La organización informó que desde tempranas horas de este miércoles 3 de mayo, se han presentado fuertes enfrentamientos entre las disidencias de las FARC, Dagoberto Ramos y Jaime Martínez del EMC contra el grupo armado Ejército de Liberación Nacional – ELN en el municipio de Caldono, Resguardo indígena de Pioya, lo que ha dejado como resultado el asesinato del guardia indígena-kiwe thegnas William Vargas, quien quedó en medio del fuego cruzado..

Tal como lo denunció el Cric, los enfrentamientos entre estos grupos armados han dejado a la comunidad en medio del fuego cruzado, generando confinamiento de niños y niñas en los centros educativos y a los comuneros en sus viviendas. En el comunicado agregan que actualmente enfrentan una grave violación de los Derechos Humanos e infracciones a las disposiciones del DIH, por la ubicación de minas sobre las vías de acceso a la zona para impedir el ingreso de organismos de Derechos Humanos y el libre ejercicio de la autoridad propia indígena y guardia

Ante esta compleja situación, el Consejo Regional Indígena del Cauca ha hecho un llamado al Gobierno Nacional y a los grupos armados en proceso de diálogo para que se pacte de manera urgente el cese a las hostilidades contra los pueblos indígenas y el cese multilateral al fuego. Asimismo, han hecho un llamado urgente a las entidades del Gobierno Nacional, Ministerio Público; a los organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales (Mapp-OEA, ONU, CIDH) para realizar acciones que garanticen la vida y pervivencia de las comunidades.

 

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