Este lunes 10 de agosto, varios congresistas de diferentes bancadas junto a la Alianza Colombia Libre de Fracking radicaron ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes el proyecto de ley, “por medio del cual se prohíbe en el territorio nacional la exploración y explotación de los Yacimientos No Convencionales (YNC)”
Con esta iniciativa se busca atender los llamados urgentes de los pobladores de los departamentos de Santander y el Magdalena Medio en donde han sido intensificadas estas prácticas de explotación minera, ocasionando consecuencias como la escasez y contaminación del agua.
Sin embargo, la senadora del Partido Alianza Verde, Angélica Lozano, advirtió que “muchos de estos proyectos ambientales han muerto sin ser ni siquiera discutidos contrariando los intereses públicos”.
Así mismo Lozano pidió un informe sobre los pasivos ambientales de las industrias petroleras, “llevamos un siglo de explotación en nuestro país, necesitamos un corte de cuentas para que sea un fundamento que obligue al ejecutivo a una transición energética a diez años”.
Por su parte, el Senador Gustavo Bolívar destacó la labor de las organizaciones Alianza Colombia Libre de Fracking por haber empujado la realización del proyecto. El congresista también expuso los efectos del cambio climático que serán recrudecidos en el Magdalena Medio debido a que “el fracking libera enormes cantidades de metano que resulta 82 veces más tóxico que el CO2”, y agregó que “son desfasadas las cantidades de agua que se utilizan para fracturar el suelo, que además, ya contaminadas atraviesan el subsuelo llegando a los ríos y a otros yacimientos de agua”.
Los congresistas como el liberal Guillermo García Realpe, esperan que con esta medida conservacionista del medio ambiente no los rotulen de irresponsables con la renovación energética.
Una de las voceras de la Alianza Colombia Libre de Fracking, Amarilys Llanos, destacó que “las comunidades han sido invisibilizadas el ejecutivo no escucha a las comunidades, el proyecto es el un corolario de un estudio de las comunidades y académicos que habitan en los territorios donde se han sacrificado ante el extractivismo convencional y que demuestra que no estamos preparados ante el no convencional”
Técnicos presentes en la rueda de prensa como la ingeniera de Petróleo, Tatiana Roa, destacó que “la explotación minera se ha hecho en nombre del desarrollo para disminuir la desigualdad social. Sin embargo, no ha habido transformaciones sociales equitativas solo la reprimarización de la economía del país”.
Los ponentes de este proyecto, comunidades y ambientalistas esperan que el Gobierno Nacional acuda a sus responsabilidades frente a la crisis climática, los conflictos sociales que deja este tipo de explotaciones y los acuerdos internacionales que sostiene para que se frene este tipo de prácticas en el territorio colombiano.