Los congresistas Iván Cepeda, Feliciano Valencia, Antonio Sanguino y Abel David Jaramillo presentaron una acción de cumplimiento para que se radique e impulse cuánto antes el proyecto de ley que apruebe el Acuerdo de Escazú en Colombia.
La acción de cumplimiento busca hacerte frente a la renuencia del Gobierno dado que se agota el tiempo de la legislatura para tramitar el Acuerdo de Escazú. De ser acogida, ordenaría al Ejecutivo radicar sin mayores dilaciones el proyecto de ley para aprobar ese tratado.
“El Acuerdo de Escazú es vital para Colombia porque vela por la vida de los defensores ambientales e incorpora mecanismos más adecuados para protegerlos. No podemos permitir que Colombia siga siendo el primer país del mundo con más líderes y defensores ambientales asesinados sin hacer nada para remediarlo; aprobar Escazú es un paso en esa dirección”, señalaron los congresistas.
Cabe resaltar que Colombia atraviesa un escenario de aumento de los conflictos socioambientales que está afectando gravemente los territorios y a los defensores ambientales. Por segundo año consecutivo Colombia ocupa el deshonroso primer lugar de los países más peligrosos del mundo para defender el ambiente y los territorios, de acuerdo con el informe de Global Witness, registrando el asesinato de 65 defensores ambientales en 2020 en todo el territorio nacional. Pese a ello el Gobierno nacional aún no implementa medidas efectivas para impedir que esas cifras continúen en aumento, y mucho peor, es renuente a someter al trámite de aprobación el único instrumento de derechos humanos que hoy contiene disposiciones al respecto.
Asimismo, según el Atlas de Justicia Ambiental, a julio de 2020 Colombia contaba con 2.743 conflictos ambientales (deforestación, modelo extractivista, delimitación de páramos, entre otros), por lo que debe existir un compromiso decidido por afrontar los retos ambientales y establecer estrategias que permitan, con el apoyo de todos los actores, proteger el ambiente, el territorio y a los defensores ambientales. Construir paz ambiental requiere de la participación activa y en condiciones justas de las comunidades que habitan y defienden los territorios.
Ante la importancia del Acuerdo de Escazú para garantizar la protección de la vida e integridad de los defensores ambientales, así como los derechos a la información, la participación y el acceso a la justicia, la rueda de prensa contó con la participación de defensores y líderes ambientales que le exigen desde los territorios al Gobierno nacional la urgente radicación ante el Congreso del Acuerdo de Escazú.
Entre los defensores ambientales que respaldan la acción jurídica se encuentran: Camilo Niño, integrante de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI); y, Mayerly López y Elizabeth Muñoz, defensoras ambientales en los departamentos de Santander y Tolima, respectivamente.