Una investigación liderada por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción reveló que un grupo de concejales exigió dinero a un campesino para no afectar el uso del suelo sobre el área en la que tenía su propiedad, de tal manera que no se disminuyera el avalúo del predio.
La actuación ilícita tuvo lugar durante el proceso de discusión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y estuvo a cargo del cabildante Hernando Clavijo, quien buscó al dueño del bien comprometido y le pidió 1.200 millones de pesos, de los cuales le corresponderían 200 millones de pesos.
Ante la contundencia de las pruebas obtenidas por la Fiscalía, el concejal reconoció su responsabilidad y, mediante preacuerdo, aceptó los delitos de concusión y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública.
Una juez penal de conocimiento de Funza (Cundinamarca) lo condenó a cinco años y cinco meses de prisión y a pagar una multa de 30 millones de pesos. Además, deberá cumplir una inhabilidad de 65 meses para ejercer cargos públicos.