La Sala Plena del Tribunal Superior de Bogotá ha sentenciado a 31 años y 10 meses de prisión al general (r) Iván Ramírez Quintero y al teniente coronel (r) Fernando Blanco Gómez por la desaparición forzada de Irma Franco Pineda, integrante del grupo guerrillero M-19, durante la retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.
El fallo se emitió después de que la Fiscalía General de la Nación y los representantes de las víctimas apelaran la absolución de ambos militares dictada por el juzgado 51 penal del circuito de Bogotá en diciembre de 2011. Los magistrados del Tribunal encontraron pruebas suficientes para condenar a Ramírez Quintero y Blanco Gómez, quienes fueron considerados coautores de la desaparición forzada de Franco Pineda.
La sentencia de 413 páginas detalla que la conducta de los condenados, junto con otros militares, atentó contra la libertad individual de Irma Franco Pineda. Testimonios de alto perfil, incluyendo los del coronel (r) Alfonso Plazas Vega, el coronel (r) Luis Enrique Carvajal Núñez, y el general (r) Arias Cabrales, fueron fundamentales para demostrar la implicación de Ramírez Quintero, quien ordenó a su personal identificar a posibles guerrilleros entre los rehenes en el Museo Casa del Florero.
La decisión del Tribunal no solo revoca la absolución previa, sino que también envía un mensaje contundente contra la impunidad en casos de violaciones graves a los derechos humanos. El Tribunal denegó el beneficio de prisión domiciliaria y remitió documentos a la Fiscalía para investigar los casos de los estudiantes Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson, indicando un compromiso con la justicia y la reparación histórica.
La condena es especialmente significativa en el contexto del conflicto armado colombiano y las violaciones de derechos humanos cometidas durante el mismo. El fallo resalta la responsabilidad de altos mandos militares en actos de desaparición forzada, un delito grave y persistente en la historia reciente de Colombia. Además, aunque Ramírez Quintero y Blanco Gómez han permanecido en libertad desde su absolución en 2011 y ahora son ancianos, el Tribunal determinó que deben cumplir la sentencia una vez esta quede en firme.